Elementos para la construcción de una Política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia

José Narro Robles* Hemos venido hoy a cumplir un compromiso y a refrendar un empeño. Estamos aquí, como se señaló dos meses atrás, para entregar una propuesta que contiene los elementos para la elaboración de una política de Estado a favor de la seguridad y la justicia en democracia. También, asistimos para confirmar nuestra responsabilidad de avanzar en la búsqueda de una sociedad más justa y más segura, más libre y democrática, más solidaria y más humana. Quiero iniciar mi intervención con una expresión de agradecimiento. Hemos conocido la ardua tarea que ha realizado el grupo que se configuró para elaborar el documento que hoy se hace público. Por ello, al doctor Jorge Carpizo, a mi amigo Jorge Carpizo, le expreso mi más sincero agradecimiento por la labor realizada a lo largo de los últimos nueve meses en este asunto. Sin su decidida intervención, no se habría alcanzado la meta. De igual manera, mi reconocimiento a los integrantes de la comisión formada. A los doctores Sergio García Ramírez y Luis de la Barreda, al igual que a los licenciados Luis Raúl González Pérez, Ernesto López Portillo Vargas y Guillermo Silva Aguilar, les hago pública nuestra gratitud por la dedicación y la calidad de sus aportaciones. En muchas ocasiones he insistido en el compromiso que tienen la Universidad de México y sus integrantes, con la sociedad a la que se deben. En todo caso, no he hecho sino repetir una consigna centenaria, que el fundador de nuestra modernidad puso en el basamento de la institución a partir de su apertura, hace ya más de un siglo. En nuestra casa de cultura nos duelen y preocupan los problemas del país. No podemos ni debemos permanecer ajenos a esa situación. Por ello, cuando la inseguridad y la injusticia amenazan a nuestra población, nos resulta imposible actuar con disimulo, hacer como que estos temas son distantes y extraños a nuestro quehacer, cubrirnos con un manto de sordera y de ceguera, pasar de reservados a silenciosos, y de esa condición a afónicos o, incluso, mudos. No, no es ese el papel que le corresponde a los universitarios del país. No, no es eso lo que le conviene a nuestra sociedad. No, no es esa la forma como nos vamos a comportar. La historia lo registraría como desleal y equivocado. A los que esperan que así actúen el rector y los universitarios, les digo con profundo respeto que pierden su tiempo. Ellos están en su derecho de plantear sus dichos, nosotros de responder, desde la academia, con propuestas y acciones de beneficio colectivo. Que nos disculpen, pero deben saber que los límites de nuestra responsabilidad no los fijan ellos. Nuestra legislación nos lo autoriza, y la conciencia nos obliga. Hace apenas unas cuantas semanas señalé, y hoy conviene reiterarlo, que a aquéllos que quieren acotar la libertad de expresión, habría que recordarles un verso de Federico Mayor, que viene a cuento y que cito textualmente: “Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada. En la voz que denuncia, que proclama que el hombre no está en venta, que no forma parte del mercado. En la voz que llegue fuerte y alto a todos los rincones de la Tierra. Que nadie que sepa hablar siga callado. Que todos los que puedan se unan a este grito”. Al construir la propuesta que hoy se entrega, sólo se ha pensado en México y sus dificultades. En los elementos que se hacen públicos no hay interés de generar enfrentamiento alguno, sólo de reconocer nuestra realidad y de proponer acciones para resolver los problemas que nos afectan. No hay intención de sacar ventaja en favor de nadie y tampoco de promover protagonismos personales o institucionales. Lo que pretendemos es convocar y pedir el apoyo de todos los actores, invitar a que unidos y bien articulados, derrotemos juntos al crimen, al delito y a la injusticia. Todo el trabajo realizado en este tema trascendente, como aquel que cotidianamente realizan los universitarios, busca contribuir a lo que muchos consideramos que hoy se necesita en el país: fortalecer nuestras instituciones; decidir colectivamente y actuar en consecuencia para resolver los graves problemas del pasado y el presente, para anticipar los del futuro; pensar en grande y ver al porvenir; hacer los cambios de rumbo y de ritmo que se deben realizar, pero además, hacerlos ya; vigorizar nuestro régimen democrático, el representativo y también el participativo, así como otorgar, en serio, prioridad a la educación, a la ciencia y la cultura, y a los programas dirigidos a los jóvenes de la nación. Invito a todos los representantes del Estado nacional a que analicen el documento que se entrega, y a que asuman su responsabilidad en el afán que nos motiva. En especial, son los poderes públicos los que deben generar la política de Estado que nos hace tanta falta. En seis meses, por nuestra parte, informaremos de los avances de esta iniciativa a través de la comisión que ha actuado redactando el documento. La disyuntiva es clara, o somos capaces de celebrar el pacto social de base amplia que se propone en el documento, o fallaremos en nuestro cometido. México tiene a su Universidad Nacional y a los universitarios del país. Soy de los que piensan que éticamente no tenemos derecho a incumplir nuestra responsabilidad y tampoco a malograr, desde ahora, el porvenir de las próximas generaciones. Tomemos el desafío que es, al mismo tiempo, una enorme oportunidad para construir un México mejor. Por mi Raza Hablará el Espíritu. Antigua Escuela de Medicina Agosto 8 de 2011 *RECTOR DE LA UNAM