jueves, 13 de octubre de 2011

México independiente y el primer proyecto de nación

Jesús Jiménez Castillo La derrota de los principales insurgentes del Movimiento de Independencia no impidió la continuación de la lucha, que se prolongó durante toda la segunda década del siglo XIX. Todavía a principios de 1820 existían focos de resistencia en diversos puntos del territorio de Nueva España como el de Gordiano Guzmán, Francisco y Encarnación Ortiz y los hermanos Bedoya en Nueva Galicia, Guanajuato y Michoacán; Pedro Ascencio, el presbítero José Manuel Izquierdo, Vicente Guerrero y José María Lobato en el sur; y Guadalupe Victoria en Veracruz. Cuando la situación de los rebeldes revolucionarios parecía más crítica, el panorama político tuvo un giro inesperado, pues el 1 de enero de 1820 el general español, Rafael de Riego, junto con otros liberales, convencieron al ejercito expedicionario -compuesto de 22,000 soldados, con la encomienda de embarcar hacia América para reprimir la insurgencia y recuperar las colonias- que desistieran de su misión. Los hechos obligaron a Fernando VII, el 10 de marzo de ese mismo año, a jurar la anterior Constitución de 1812. Ante el cambio de situación, el rey nombró una Junta Provisional Consultiva y se convocó a elecciones a las nuevas Cortes. En los virreinatos y capitanías se publicó el decreto real que restauraba la Constitución de 1812. Ante la demora de las elecciones en las colonias por la lejanía, la Junta Provisional escogió treinta suplentes para representar a la sociedad novohispana. Los diputados americanos exigieron un mayor número de representantes, que la Junta no aprobó. Ante la posibilidad de que los diputados americanos renunciaran, intervino Miguel Ramos Arizpe para convencerlos de que era mejor tener pocos diputados que ninguno. Las primeras noticias del triunfo de los liberales llegaron a Veracruz el 26 de abril de 1820. Los criollos que simpatizaban con esa corriente recibieron las noticias con beneplácito, así como los miembros del Consulado de Veracruz que deseaban reinstalar el libre comercio en la Nueva España. En la Ciudad de México la noticia se recibió tres días después, con la oposición de los españoles de tendencias absolutistas, como la aristocracia y el alto clero, que realizaban reuniones secretas en el aposento del Padre Prepósito Matías de Monteagudo, para tratar de impedir la publicación de la Constitución española. A estas reuniones se les llamó Conspiración de La Profesa –nombre tomando de un templo católico de la Ciudad de México que formaba parte de un conjunto arquitectónico conocido como Casa Profesa, donde antiguamente se alojaban los novicios jesuitas que habían cumplido cuatro votos-. Entre los asistentes a dichas reuniones, con conocimiento del virrey Juan Díaz de Apodaca, estuvieron el regente de la Real Audiencia de México, el obispo de Puebla, el fiscal de la Inquisición, los integrantes del consulado de México y algunos que participaron en el golpe de Estado en 1808, que depuso al virrey José de Iturrigaray. Los conjurados no pudieron impedir o aplazar la jura de la Constitución, pues ésta fue ampliamente aceptada por los comerciantes de Veracruz, con el apoyo del ejército español, que obligó al virrey Apodaca, el 31 de mayo de 1820, a hacer lo propio; igual que los oidores y las altas autoridades de la Iglesia, no obstante que los cambios políticos afectaron sus intereses: se abolió la Inquisición y se suprimió, por segunda ocasión, la Compañía de Jesús; se declaró la desaparición de las órdenes monásticas, se vendieron los bienes de la Iglesia y se redujo el diezmo. El temor se extendió entre los simpatizantes del absolutismo de Fernando VII, del grupo de los persas –conjunto de diputados a Cortes que presentaron un documento a Fernando VII, el 16 de abril de 1814, apoyando el absolutismo, aludiendo a la antigua costumbre de los persas de provocar, luego de la muerte del rey, cinco días de anarquía para que la experiencia de crímenes, saqueos y otras desgracias, les obligase a apreciar la dureza de un gobierno firme y de poder- y diputados mexicanos que habían apoyado al monarca y que temían represalias. También fueron liberados los insurgentes que se encontraban presos, entre ellos: Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón, Manuel Mier y Terán, José Sixto Verduzco y Francisco Osorno. Pero los conspiradores de La Profesa se mantuvieron renuentes y elaboraron otro plan para proclamar la independencia de Nueva España y establecer una monarquía regida por alguno de los borbones. Para el efecto, se nombró a Agustín de Iturbide Comandante de los Ejércitos del Sur, militar realista que se había distinguido persiguiendo insurgentes, y amigo de Félix María Calleja -militar y político español, 47º virrey de la Nueva España, enemigo acérrimo de los independentistas, a los que prácticamente desarticuló. Iturbide asumió el cargo el 15 de noviembre de ese mismo año. Su cometido era vencer a Vicente Guerrero, caudillo de las guerrillas del sur, al no poder lograrlo, entabló negociaciones con él, desconociendo los acuerdos de la Profesa. El 24 de febrero de 1821 proclamó, junto con Guerrero, el Plan de Iguala, basado en tres principios: independencia de España, religión católica y unión de todos los grupos sociales. El gobierno sería una monarquía moderada, presidida por Fernando VII, siempre y cuando adoptase y jurase la constitución instaurada por las cortes del nuevo imperio. El 3 de agosto llegó a México Don Juan de O’Donojú, último Virrey enviado por las Cortes a la Nueva España. Iturbide se entrevistó con él y el 24 de agosto de 1821, firmaron Los Tratados de Córdoba, reconociendo la independencia de la Nueva España y proponiendo un gobierno monárquico constitucional y moderado. Iturbide, que ambicionaba el poder, aprovecho la oportunidad y agregó una cláusula que permitía al Congreso nombrar un emperador en el caso de que un noble español se negara a ocupar el trono. El día 28 de septiembre de 1821, la Junta Provisional Gubernativa, integrada por treinta y ocho miembros nombrados por el propio Iturbide, fue declarada formalmente instalada. Agustín de Iturbide, por unanimidad, fue electo presidente de la Junta. Ese mismo día se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. La Junta constituyó una Regencia de cinco miembros: Iturbide como presidente, junto con O'Donojú, el doctor Manuel de la Bárcena, Isidro Yáñez y Manuel Velázquez de León. Al ser incompatibles las dos presidencias en Iturbide, se eligió como presidente de la Junta al obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez. El Poder Ejecutivo fue asumido por la Regencia y el Legislativo por la Junta. También se nombro a Iturbide generalísimo de armas de mar y tierra del imperio, con privilegios económicos excepcionales. Mientras en la Ciudad de México se desarrollaban las actividades políticas, las adhesiones se extendían por las provincias del país, quedando sólo algunos focos de resistencia en Acapulco, Perote y Veracruz. El 9 de octubre, Antonio López de Santa Ana logró tomar el Castillo de Perote; Juan Álvarez se apoderó, el 15 de octubre, del Fuerte de San Diego, en Acapulco. En Veracruz, el general José García Dávila, que había ofrecido a Santa Ana entregar la plaza, decidió refugiarse con sus soldados y armas en el Castillo de San Juan de Ulúa, siendo el último reducto español en capitular, lo que ocurrió hasta el 18 de noviembre de 1825. Una vez firmada el Acta de Independencia de México, el 28 de septiembre de 1821, se puso en marcha el primer proyecto político para la conformación del naciente país. De acuerdo con el contenido de dicha acta, la nueva nación soberana tendría que constituirse, con arreglo a las bases del Plan de Iguala y Tratado de Córdoba. Todos tenían la confianza en un cambio que devolvería la prosperidad a la nación, sin embargo, la realidad era otra: un país destrozado por la guerra, con una deuda de 45 millones de pesos, la administración y formas de recaudación de impuestos desarticuladas e ineficientes, minas y haciendas improductivas y, en consecuencia, la proliferación de bandidos y asaltantes en los caminos. Sin duda, un comienzo muy difícil para un incipiente e inexperto país. En la Junta, autodenominada Soberana Junta Provisional Gubernativa, tuvieron expresión las diferentes corrientes ideológicas: los que []habían apoyado el proyecto autonomista de 1808, los antiguos representantes en las Cortes de Cádiz, así como simpatizantes del Manifiesto de los Persas o conspiradores de la Profesa. La Junta se dividió en grupos: iturbidistas, con apoyo del alto clero, militares de alto rango y la clase adinerada; los republicanos, casi todos abogados o del bajo clero; y los borbonistas. Para constituir el Congreso, se presentaron tres planes: el de Iturbide, que proponía una cámara única que favorecía a los grupos privilegiados y eliminaba el papel elector de los ayuntamientos; el plan de la Regencia, semejante al de Iturbide, pero con dos cámaras, la alta formada por el alto clero, ejército y diputaciones, y una baja por representantes del pueblo. El tercer proyecto fue el adoptado, en él se propuso una sola cámara sin separación por clases, ni representación proporcional y elección indirecta; así, los ayuntamientos pudieron elegir a sus diputados para instaurar el Congreso. Ante la crítica situación económica, y como medida popular, la Junta propuso suprimir a los indígenas el fondo creado con el pago de contribuciones llamadas de medio real de ministros, medio de hospital y el uno y medio de cajas de comunidad. La medida se aplicó dejando a los indígenas sin recursos para gastos de salud y educación, entre otros. La propuesta de Juan Francisco Azcárate de formalizar la abolición de la esclavitud, se pospuso hasta el establecimiento del Congreso.[] En los siguientes meses se suscitaron proclamaciones y juras a la independencia en las provincias de Guatemala-Nicaragua y Costa Rica, expresando sus dirigentes la intensión de anexarse al Imperio mexicano, pero en la ciudad nicaragüense de Granada y las comunidades hondureñas de Trujillo, Omoa, Gracias a Dios y Tegucigalpa, la población manifestó su rechazo. Ante ello, []se dispuso que cada pueblo decidiese su incorporación. El 5 de enero de 1822, se efectuó la votación optando la mayoría por unirse a México, que se consumó el 9 de febrero de 1823. La extensión territorial del imperio alcanzó el máximo de su historia: 4 871 733 km2, llegando hacia el sur hasta la frontera que hacia Costa Rica con la parte norte de la Gran Colombia, hoy Panamá, y hacia el norte hasta, en ese entonces, territorios de las Californias, Nuevo México y Texas. El día 13 de febrero de 1822, las Cortes españolas rechazaron los Tratados de Córdoba. Los diputados americanos regresaron con la negativa de los borbones a la corona del Imperio mexicano. El Congreso Constituyente del Imperio se instaló el 24 de febrero de 1822, []atribuyéndose la representación de la soberanía de la nación. Inmediatamente se realizó la división de poderes: el Ejecutivo se depositó en la Regencia, presidida por Agustín de Iturbide, los demás cargos los ocuparon Juan O'Donojú, 2º regente; Manuel de la Bárcena, 3er regente; José Isidro Yáñez, 4º regente; y Manuel Velásquez de León, 5º regente. El poder Judicial le correspondió a los tribunales. Desde el principio hubo diferencias entre republicanos y monarquistas, los primeros aspiraban a un cambio en la forma de gobierno, los segundos se pronunciaban por regresar al antiguo régimen. El presupuesto anual era de once millones de pesos, y casi diez destinados a los gastos del ejército y marina –68 000 efectivos en total-. La reducción de gastos generó conflicto entre los legisladores e Iturbide, pues el ejército era el sostén de la Regencia. Otros asuntos importantes que trató el[] Congreso, fueron la excarcelación de fray Servando Teresa de Mier, diputado por Nuevo León, hecho preso en San Juan de Ulúa al regresar de Estados Unidos; y el caso de Guadalupe Victoria, diputado por Durango, prófugo por cargos de conspiración. Su proceso quedó pendiente, manteniéndose el antiguo insurgente oculto en Paso de Ovejas, Veracruz. En mayo de 1822 el distanciamiento entre Iturbide y el Congreso se había acrecentado. Algunos grupos, incluidos sectores del ejército, manifestaban su rechazo a la monarquía y sus preferencias por un sistema republicano como el de Colombia, Chile y Buenos Aires. El 18 de mayo de 1822, ante el rumor de que el ejército sería reducido, el regimiento Celaya comandado por el sargento Pio Marcha, salió a la calle amotinándose y proclamando emperador a Iturbide –algunos dicen que en acuerdo con él. La presión y el temor influyeron para que el Congreso lo proclamara emperador. Valentín Gómez Farías, con el apoyo de cuarenta y seis diputados, expresó que una vez rotos los Tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, los diputados podían declara emperador a Iturbide. En Mayo de 1822, por 67 votos contra 15, y violando el reglamento del Congreso que estipulaba la asistencia de 101 diputados, fue electo Emperador de México, y con ello puso er en vigencia la Constitución de Cádiz. Los diputados que se opusieron a tal nombramiento fueron apresados y el Congreso fue disuelto el 31 de octubre. El imperio desde el inicio enfrentó a los republicanos y la resistencia española de San Juan de Ulúa. Durante algún tiempo el comercio y la minería bajaron su actividad, por lo que varios españoles peninsulares acaudalados y temerosos se marcharon. Los pleitos con el Congreso continuaron. El 31 de octubre de 1822 Iturbide disolvió la Asamblea Constituyente, por considerar su labor utópica. En su lugar se creó una Junta Instituyente con el fin de lograr una estabilidad política y económica. Se negoció un préstamo en Londres por 30 millones. El empresario Diego Berry ofreció sólo 10 millones, que nunca se concretaron. Ante la difícil situación se impuso un préstamo de 2 millones ochocientos mil pesos hipotecando la contribución general de los habitantes del imperio y se prohibió la salida de dinero a los españoles. Se limitó la libertad de prensa y castigó a los conspiradores. Las dificultades económicas crecieron y obligaron a Iturbide a tomar fondos de una conducta de plata –mercancía en tránsito- de propiedad privada con valor de un millón doscientos noventa y siete mil doscientos pesos, que se encontraba depositada en Perote y Jalapa, provocando el descontento de los comerciantes. Se emitió papel moneda sin respaldo por un monto de cuatro millones de pesos. Otra medida de Iturbide fue autorizar, del 3 de enero de 1823, a Stephen Austin –Padre de la Independencia de Texas-, para colonizar ese territorio. Antonio López de Santa Ana, nombrado gobernador militar de Veracruz por Iturbide, en octubre de 1822, intentó tomar el fuerte de San Juan de Ulúa sin estar preparado, por lo que el plan fracasó. El 16 de noviembre, Iturbide se trasladó a Xalapa para destituir a Santa Anna de quien desconfiaba, pidiéndole se trasladara a México con él, Santa Ana se negó, y el 2 de diciembre hizo una proclama a la población de Veracruz acusando públicamente al emperador de tirano. Proclamó la república, demandó la reinstauración del Congreso y una constitución basada en la religión la independencia y la unión. La respuesta de Iturbide fue inmediata para someter la sublevación. Al día siguiente, Santa Anna lanzó un nuevo manifiesto dirigido a la Gran Nación Mexicana, protestando por la disolución del Congreso, la violación del fuero de los diputados y la incautación de bienes privados. El 6 de diciembre de 1822, se le unió Guadalupe Victoria reconociendo la jefatura de Santa Ana y proclamando juntos el Plan de Veracruz, en el que proponían que un congreso decidiera una forma de gobierno basado en los principios de religión, independencia y unión. La lucha continuó entre imperialistas y republicanos, proclamándose, en febrero de 1823, el Plan de Casa Mata impulsado por Santa Ana en el que se desconocía a Iturbide como emperador de México. Ante la proclama de Casa mata, cada diputación asumió la jurisdicción administrativa y política de su área, estableciendo un sistema federal de facto, mermando al poder central. Perdido todo el apoyo, el 19 de marzo de 1823, el secretario de Justicia comunicó la abdicación de Iturbide. El 7 de abril de 1823, el Congreso anuló la coronación de Agustín de Iturbide e insubsistentes el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Así concluyó el primer proyecto político del México independiente, señalado por continuas y encarnizadas luchas por el poder. 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