Gilberto
Nieto Aguilar
El
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), define a la oposición (del
latín
oppositĭo, -ōnis), como la acción y efecto de oponer u oponerse; contrariedad, antagonismo
o resistencia entre dos cosas, o bien a lo que alguien
hace o dice. En política, al conjunto de grupos o partidos que en un país se oponen
a la política del Gobierno; en los Congresos, a la minoría que habitualmente impugna
las actuaciones del Régimen; a cada uno de los cuerpos deliberantes, o de los sectores
de la opinión pública adversos al poder establecido.
Básicamente
“oposición” es un tipo de “conducta” o
de “comportamiento”, en el mejor de
los casos ideológico, cuya formalización en las instituciones y en los sistemas
políticos ha tenido lugar junto
al desarrollo del parlamentarismo y de los partidos políticos. Por oposición
también podemos entender todo grupo organizado que intenta influir sobre las decisiones
del gobierno sin buscar, forzosamente, ejercer los poderes formales o defender los intereses de una generalidad de la población.
En los casos más comunes, tratan de obtener privilegios
especiales para sus guías y sus miembros, buscan obtener algún provecho particular y a veces terminan lucrando a
costa de sus seguidores, en una especie de acuerdo no escrito y perverso con el
“sistema político” y las autoridades en turno, en un juego de intereses
dispersos y turbios. Cabe preguntarse qué tipo de grupo protesta, que ideología
maneja, a qué se opone, qué tácticas de lucha emplea, por qué medios y
estrategias pretende conseguir sus demandas o hacer valer sus opiniones y
derechos, qué tanta seriedad hay en sus argumentos, etcétera.
La pregunta que en
el tiempo ha sido formulada sobre cómo se construye una sociedad justa, ha encontrado
una variedad de respuestas desde las que se han elaborado un conjunto de teorías
que intentan explicar cómo los criterios sostenidos por unos y otros expertos toman
forma en el desempeño y comportamiento de la estructura básica de la sociedad.
Robert Nozick, en
Anarquía, Estado y utopía, considera indiscutible
que los individuos tienen derechos, pero no puede dejarse de lado que también contraen
obligaciones en el ejercicio de la ciudadanía. Hay cosas que a ninguna persona o
grupo está permitido hacer al reclamar supuestas violaciones a su esfera jurídica
personal, como es la acción de atropellar y agraviar derechos de terceros.
Una frase popular
lo define: el derecho de unos termina cuando comienza el de otros, pues el entramado
legislativo pretende construir y preservar una sociedad justa dentro de un estado
de derecho y con una aplicabilidad legal que garantice la certeza jurídica. ¿Qué
es, entonces, lo que las teorías de la justicia regulan? Según el profesor noruego
Jon Elster una primera respuesta aproximada es: el sistema de libertades y obligaciones
y la distribución de los ingresos. Con diversos enfoques, varias de las teorías
coincide con este planteamiento.
Es necesario aclarar
–dice José Francisco Caballero– que al hablar de la distribución de los ingresos
nos referimos tanto a la distribución directa de los impuestos, transferencias y
subsidios, como a la distribución de los ingresos que se generan por los recursos
productivos o los que se fundan en el consumo de artículos o bienes personales (bienes
materiales, servicios, respeto por uno mismo, bienestar, conocimiento, salud, aptitudes
mentales o físicas, recreación, etcétera).
John Rawls, en su
obra Teoría de la Justicia, plantea que
el objetivo es combatir y superar el utilitarismo y propone la idea de que cuando
las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas de tal modo que
obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos
pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es justa.
Rawls se propone
jugar un papel esclarecedor, crítico y orientador de nuestro sentido de justicia.
El sentido de justicia es definido como la capacidad moral que tenemos para juzgar
cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y
desear o disponer que otros actúen de igual modo. Para Rawls, la sociedad es una
asociación más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones reconocen
ciertas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoría actúan de acuerdo
con ellas.
Una sociedad no justa
sufre de continuo disturbios y protestas. En los actos de protesta, los
manifestantes actúan como si sólo su punto de vista importaran por sobre la sociedad
en que viven, alterando notablemente el Estado de Derecho. Entonces los actos
de protesta se convierten en una perturbación de la vida pública y una relajación
de la autoridad que puede llevar al caos como orden jurídico. Cabe preguntarnos:
¿Qué espacio dejan al Estado los derechos individuales? La naturaleza del Estado,
sus funciones legítimas y sus justificaciones, si las hay, constituyen una amplia
y múltiple variedad de asuntos que se entrelazan para tratar de entender esta cuestión.
El gobierno debe
crear espacios efectivos de consulta para conocer la opinión de los gobernados
y conducir sus acciones por un mejor cauce, sobre todo cuando el poder legislativo
no tiene una cultura política de responder a los intereses del ciudadano elector.
Pero ocurre que, en un sistema autoritario como el nuestro, para controlar los
procesos del disturbio, el gobierno recurre al choque frontal o a la guerra entre
contrarios, al milenario "divide y
vencerás” de los romanos.
Los sublevados son
entonces manipulados hacia fines muy distintos a la intención que los mueve en la
protesta inicial, con el peligro de que sus acciones salgan del control de todos
los implicados y la revuelta alcance grandes proporciones, caiga en la anarquía
irracional y provoque un desorden político, un conflicto
institucional o una crisis social que lleve a la ingobernabilidad.
Los grupos de oposición y de presión pueden contribuir
a la “búsqueda de la racionalidad” (Graeme C. Moodie y Gerald Studdert-Kennedy,
“Opiniones, públicos y grupos de presión”, FCE) y empleando una metáfora
popular, servir como los indicadores más claros de “dónde aprieta el zapato”.
De sus estrategias dependen en buena parte su influencia y su “status”, y la capacidad para oponerse exitosamente
al gobierno en turno.
Sin embargo, en estos juegos donde falta información
veraz y conciencia de una lucha honesta, en algún momento aparecen engañados y engañadores,
abusados y abusivos, vividores y necesitados, pedigüeños y gentes sin escrúpulos.
Son caldos de cultivo excesivamente condimentado por malas hierbas del camino
que no pueden terminar en un suculento platillo, ante necesidades de certeza jurídica
y seguridad social, ante la falta de trabajo y la oferta tan grande de violencia.
Detener a tiempo el monstruo que crece, es la encrucijada que se plantea a quienes
tienen la obligación de responder a estas exigencias fundadas o infundadas.
gilnieto2012@gmail.com
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