Wilfrido Sánchez Márquez
Miembro de número de la Sección Veracruz de laAcademia Mexicana de la Educación A.C.
Detrás
de lo aparentemente plausible y justificada reforma educativa promovida por el
nuevo gobierno federal que tomó posesión el 1° de diciembre del año próximo
pasado y que para el efecto, el Congreso de la Unión, más por consigna que por
análisis, aprobó modificaciones y adiciones al Artículo Tercero Constitucional
y a sus leyes reglamentarias, existen ordenamientos que agreden y lesionan
severamente al magisterio del país en todos sus grados y niveles.
Efectivamente,
la educación nacional está en desgracia desde hace más de 30 años. Son pruebas
evidentes e incontrastables de ellos los bajísimos índices de aprendizaje que
obtienen los alumnos en la mayoría de las escuelas federales y estatales. Las
evaluaciones del aprovechamiento escolar que se han efectuado
periódicamente por organismos
especializados en la materia, sitúan al sistema educativo mexicano entre los de
más bajo nivel de eficiencia entre los países de América Latina.
Son
muy variados y complejos los factores causales determinantes de esta situación
deprimente; por tal motivo, antes de tomar y aplicar medidas correctivas era
lógico, necesario e indispensable haber realizados previamente, estudios
exhaustivos de dichas variables; así como de los contextos económicos,
sociales, culturales, psicológicos y políticos en los que tienen lugar las
acciones educacionales.
Si
las instituciones oficiales y privadas, los funcionarios públicos, los
sindicatos magisteriales, los legisladores, las escuelas formadoras de docentes
y las demás entes rectoras, administrativas y auxiliares de este servicio
hubieran participado mancomunadamente y coaligado sus voluntades, esfuerzos y
saberes en la búsqueda de los medios y los recursos racionales, prácticos y
efectivos para resolver esta problemática, no se hubieran tomado decisiones
unilaterales y equivocadas basadas en la presunción errónea de que el
magisterio es el único causante de la debacle de la educación nacional y
tampoco se llegaría al extremo de promover, por todos los medios de
comunicación el enfrentamiento de padres
de familia contra los profesores de sus hijos.
El
mal más grave y crónico que ha ocasionado daños severos y profundos a la
educación escolarizada y también a la extraescolar, es la corrupción galopante
existente en casi todos los ámbitos de la vida del país desde hace más de 30
años. El maridaje y el contubernio entre gobernantes y funcionarios públicos
con los líderes “charros” de las organizaciones sindicales del magisterio y de
otros agrupamientos de trabajadores como el de los trabajadores petroleros han
llegado a tales extremos que han echado por tierra los más elementales
principios éticos y democráticos que han sido los soportes históricos de la
sana convivencia y plataformas del desarrollo económico, social y cultural de
los grupos humanos civilizados.
¿Cómo
explicar y entender que en nuestro país una lideresa se haya proclamado
“Secretaria General Vitalicia” de su
organización magisterial? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de su gestión
durante los veinticuatro años de su autocracia sindical? ¿Por qué ha sido ella
únicamente detenida y enjuiciada por el desvío de fondos sindicales, en tanto
que sus cómplices, los dirigentes estatales permanecen intocables y continúan
gozando de la protección, el apoyo y las canonjías gubernamentales en la
mayoría de las entidades federativas?
Es
muy alentador que los trabajadores de la educación, haciendo a un lado las
siglas gremiales y contando con la simpatía y el apoyo de los padres de
familia, el estudiantado y los sectores conscientes y progresistas de la
sociedad, se estén uniendo sólidamente en un frente común de lucha contra sus
agresores, con el fin de lograr la restauración de sus derechos laborales y el
mejoramiento sistemático del servicio educativo.
¡ADELANTE
COMPAÑEROS!
Xalapa,
Ver., Octubre de 2013
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