Alfredo
Villa Báez.
Hemos de enfrentarnos a los retos del siglo XXI para
que de la mano de una educación sensible a los cambios tecnológicos, a los
sistemas de información y de acceso al conocimiento, a las formas de desarrollo
científico y de innovación y a los nuevos significados de la cultura, pueda
lograr un desarrollo económico equilibrado que asegure la reducción de la
pobreza, de las desigualdades y de la falta de cohesión social.
¿Cómo enfrentarse a ambos desafíos con ciertas
garantías de alcanzar el éxito? No parece previsible que si mantiene un ritmo
de progreso de la educación y unos modelos de reformas similares a las vividas
en las últimas décadas, pueda lograrse un salto cualitativo que acorte de forma
significativa la distancia con los países más desarrollados. Hacen falta
diferentes aproximaciones a los desfases existentes, nuevos actores e
instituciones, y estrategias renovadas sobre el cambio educativo que permitan
avanzar en el logro de ambas agendas de forma integrada pero innovadora.
Riesgos
y alternativas.
Dos riesgos acechan a los gestores de las políticas
al enfrentarse a las dos agendas inexcusables. El primero, cumplir los
objetivos pendientes del siglo XX con los mismos esquemas que los países
utilizaron en el pasado. El segundo, considerar que los nuevos retos que
proceden de la sociedad de la información y del conocimiento pueden abordarse
como si la situación de la región fuera similar a la de aquellos países más
avanzados. La traslación directa de los países desarrollados para resolver la
situación en Latinoamérica sería un error.
Ambos riesgos exigen una reflexión colectiva, un
análisis de lo realizado o en vías de realización por los demás países y la
búsqueda de soluciones propias que ayuden a establecer el camino adecuado. En
la búsqueda de las soluciones, nada sencillas por otra parte si se pretende
recuperar el tiempo pasado y ganar el futuro, hay tres estrategias que no deben
perderse de vista: la primera, utilizar los conocimientos y las herramientas de
la sociedad de la información para conseguir con más rapidez y eficiencia los
objetivos pendientes; la segunda, implicar al conjunto de la sociedad y no sólo
al sistema educativo en los procesos de cambio; la tercera, adaptar a la
realidad desigual, plurilingüe y multicultural de la región los avances
tecnológicos y científicos que se están desarrollando en el mundo. El presente
proyecto se formula con estas orientaciones.
Una
sociedad educadora.
El análisis de las reformas realizadas a lo largo
del siglo XX, la constatación de la influencia del contexto social y familiar
en la educación de la nuevas generaciones y el impacto de la sociedad de la
información en los procesos de enseñanza y de aprendizaje han puesto de relieve
que existen escenarios, instituciones y agentes educativos que han de
contribuir a la acción educadora del sistema escolar si se pretende mejorar su
calidad. Lo educativo, por tanto, debe asumirse globalmente y es necesario, en
consecuencia, ideas innovadoras y nuevos aliados. Sólo de esta forma será
posible en Iberoamérica cumplir al mismo tiempo, como se apuntó en el apartado
anterior, la agenda del siglo XX y la del siglo XXI.
Las políticas educativas y las propuestas de
transformación y mejora de la educación escolar no pueden reducirse a
iniciativas centradas en el sistema escolar, sino que han de incorporar al
conjunto de las instituciones en las que el ciudadano se desenvuelve a lo largo
de su vida. Las políticas educativas serán eficaces en la medida en que tengan
el carácter intersectorial que aquí se defiende y en la medida en que se
orienten no sólo hacia los niños y jóvenes en edad escolar sino hacia las
personas a lo largo de su vida.
Necesidad
de nuevos aliados.
La permanencia de los alumnos en la escuela durante
doce años, objetivo deseable para la próxima década, no puede alcanzarse en
bastante casos si no se aborda al mismo tiempo la colaboración activa de las
familias, su formación e incentivación, así como el cuidado de la salud y de la
alimentación de los alumnos. Lo mismo sucede con la educación en la diversidad,
que exige la colaboración comprometida de las familias, de las asociaciones
representativas de los diferentes grupos de alumnos y de actividades
permanentes en el ámbito de la acción comunitaria. O en la educación cívica y
democrática, que no puede plantearse solamente desde la acción de las escuelas
sino que se ha de contar con el apoyo y la colaboración de las familias, de los
medios de comunicación y de las instituciones sociales y culturales.
Estas consideraciones orientan hacia el desarrollo
de planes sistémicos o integrales, en los que se incorporen no sólo
instituciones representativas del ámbito municipal, de salud, del ocio o de la
ordenación territorial, sino también nuevos actores que contribuyan a
fortalecer el funcionamiento del sistema educativo. Las ciudades, las
organizaciones sociales, los voluntarios, las empresas o los alumnos
universitarios podrían ser algunas de las nuevas alianzas que habría que
construir.
La participación de los municipios en la acción
educadora es tal vez la alianza más importante para una nueva concepción de la
educación que amplíe su concepción escolar. La ciudadanía se vive en los barios
y en las ciudades, por lo que el entorno urbano se convierte en la principal
estrategia de una nueva concepción de la educación. No se trata solamente de
que los municipios se esfuercen en crear las mejores condiciones para la
educación en el ámbito escolar, lo que ya sería un logro importante; el
objetivo deseable es que la ciudad sea consciente de que de la mayoría de sus
decisiones, incluso en campos supuestamente alejados de la educación, tiene
efectos directos en la educación para sus ciudadanos.
La planificación de los espacios urbanos y de los
nuevos barrios, la forma de recuperar los centros históricos, las expresiones
culturales, la bibliotecas públicas, los lugares de ocio, los centros de salud
y tantas otras manifestaciones pueden o no facilitar la integración
intercultural, la coordinación con la acción de las escuelas, la posibilidad de
experiencias innovadoras, la apertura de las escuelas a su entorno y la
relación entre el aprendizaje de los alumnos en el aula y en su vida diaria.
En esta perspectiva de sociedades Educadoras
adquiere mayor fuerza y eficacia la colaboración de organizaciones sociales y
de voluntarios. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien,
1990) lo apuntó de forma expresa:
“Las autoridades naciones, regionales y locales
responsables de la educación tienen la obligación prioritaria de proporcionar
educación básica a todos, pero no puede esperarse de ellas que suministren la
totalidad de los elementos humanos, financieros y organizativos necesarios para
esta rea. Será necesaria la concertación de acciones entre todos los
subsectores y todas las formas de educación. La concertación entre el
ministerio de educación y otros ministerios. La cooperación entre
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado, las
comunidades locales, los medios de comunicación, los grupos religiosos, la
familia..”
De hecho, en este punto, la situación en
Latinoamérica es esperanzadora. Sirva de ejemplo la participación de las
familias en algunos estados y municipios para mantener abiertas las escuelas
durante los fines de semana o los programas de ONGs y de fundaciones que
ofrecen apoyo a escuelas situadas en contextos desfavorecidos y a alumnos con
retraso en sus aprendizajes. Es deseable que estos actores se sientan
participes en las decisiones educativas que se adopten y perciban el
reconocimiento público a su labor educadora. Participación, planificación y
reconocimiento se convierten, por ello, en responsabilidad de las
Administraciones educativas para conseguir un impacto más profundo y duradero.
En este campo de colaboración sería interesante
incorporar a los alumnos universitarios sin que esta acción interfiera con la
responsabilidad directa de los profesionales de la educación, maestros y
profesores. Hay una razón de justicia; aquellos que se han beneficiado en mayor
medida de los bienes educativos disponibles en la sociedad tienen una
responsabilidad en ayudar a aquellos que han tenidos menos oportunidades. Hay también una razón de eficacia; los alumnos
universitarios, cualquiera que sean los estudios que están realizando, disponen
de habilidades suficientes para colaborar en tareas educativas, desde
actividades deportivas o artísticas al término del tiempo escolar hasta ayudas
a alumnos con dificultades de aprendizaje o apoyo a la alfabetización de
personas adultas.
En necesario, finalmente, destacar la importancia de
la colaboración empresarial para lograr la necesaria transformación de la
educación técnico profesional. Ya se ha hecho mención de este objetivo en
páginas precedentes. La colaboración de los sectores empresariales y sindicales
ha de facilitar la definición de las competencias profesionales, la posibilidad
de que los alumnos realicen las prácticas necesarias y el reconocimiento del valor
de los títulos obtenidos para la contratación de trabajadores cualificados.
La apuesta por una sociedad educadora exige
planificación, iniciativa, coordinación e innovación en el marco de una gestión
eficaz. No cabe duda que la gobernabilidad en las instituciones públicas
constituye un requisito indispensable para avanzar en este tipo de proyecto.
Tomado
de “Metas Educativas” de la S.E.V.
Cap. 5
“Hacia Dónde Queremos ir”
No hay comentarios:
Publicar un comentario