1.- El Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Evaluación:
1.1. A alumnos,
1.2. A docentes,
1.3. A directivos y
1.4. Al Sistema Educativo Nacional
INTRODUCCIÓN
Agradezco la invitación para participar en este importante foro que
organiza la Sección 56 del SNTE.
Consciente estoy de lo complejo que resulta el abordaje del tema que hoy
nos congrega. Sobre todo, porque, coincidiendo con Tedesco (2011)[i],
priva en el ambiente un estado de insatisfacción con la oferta educativa
disponible a grado tal que no se han logrado modificar significativamente los
resultados de aprendizaje de los alumnos; esta insatisfacción, está
directamente relacionada con los cambios intensos que se han producido en todas
las dimensiones de la sociedad planteándole nuevos desafíos al sistema
educativo, en particular, a la escuela y a sus maestros.
En el mismo sentido, Muñoz Izquierdo (2012)[ii]
nos advierte de tres problemas fundamentales del sistema educativo:
- El hecho de que el
aprovechamiento escolar que en lo general obtienen los estudiantes
inscritos en primaria y secundaria, es insuficiente porque el sistema
educativo desempeña inadecuadamente las funciones que le corresponden en
la sociedad contemporánea.
- La distribución
inequitativa de las oportunidades de acceso, permanencia y aprendizaje,
que es, sin duda, el factor que influye en forma más directa en la
deficiente eficacia del sistema escolar.
- La utilización
ineficiente y opaca de los recursos financieros.
No es posible, insiste este autor, mejorar en forma generalizada la
calidad de la educación (…) mientras las oportunidades educativas se sigan
distribuyendo tan inequitativamente.
De allí que coincidamos en que es urgente reinventar el sistema
educativo. Por supuesto que hace falta un cambio a profundidad. Hace falta reformar,
para transformar y mejorar, pero desde una visión sistémica que vincule
educación con equidad social, articulando las políticas educativas con la
dimensión social de las estrategias de desarrollo y crecimiento económico. Un
cambio, no es tal, si se reduce a modificaciones y prescripciones
normativas. Una reforma tiene que ser
integral porque implica un cambio de mirada, de cultura, de creencias y de
prácticas en la administración, en el profesorado y en la sociedad en general.
Por eso, y mucho más, ha sido injusto el embate a que se ha sometido al
magisterio, no solo por los poderes fácticos, sino por la propia autoridad, señalándolo
como único culpable de las fallas del sistema, a grado tal que se hizo acreedor
y destinatario distinguido de una reforma.
Una reforma, que desde nuestro profesional entender, desde un principio
le vimos su carácter administrativo, legal, laboral y político, no obstante que
desde el discurso apologético de la misma
y del de sus creadores, se le ha querido
identificar como reforma “educativa”.
Ya la propia presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes[iii],
tuvo que salir al paso y poner las cosas en su lugar al expresar que la llamada
“Reforma Educativa es simplemente Laboral y Administrativa”.
En efecto, esta reforma que va de prisa, no plantea ninguna modificación
al modelo educativo, ni a los planes y programas de estudio, que incida de
manera trascendente en la mejora de los procesos educativos en nuestro país. No
apunta rumbo ni filosofía que defina con claridad el tipo de ciudadano y de
sociedad a que se aspira, en el marco de un supuesto nuevo régimen de gobierno.
Más que reformar; más que
imprimir a la educación nacional otro sentido en lo pedagógico, más que
presentar un proyecto claro para el sistema educativo mexicano, se
planteó, en formas nada adecuadas para un régimen que se asume como
democrático, el arreglo y los cambios al marco jurídico para establecer otros
mecanismos y otras condiciones y relaciones de carácter laboral entre la SEP y
los maestros, con base en uno de los componentes de la administración
educativa: la evaluación.
El 26 de febrero se publicó el Decreto por el que se
reformaron los Artículos Tercero y 73 Constitucionales, quedando pendiente
la elaboración de las leyes secundarias que orientarán la forma en que se
concreten los cambios. Ya se precisó que en el periodo extraordinario de
sesiones de agosto, habrá de aprobarse la ley correspondiente al Instituto
Nacional de para la Evaluación de la Educación.
Una
lectura a las leyes secundarias, deja ver la imbricación y el ensamble que hay
entre ellos, puesto que el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) tendrá la facultad de evaluar a los maestros y la creación del
Servicio profesional docente implicará concursos de oposición que habrá de
implementar el propio INEE. Todo esto, se incorpora a la Ley General de Educación,
que ya será otra.
Este
planteamiento y el intento de imponer mecanismos de control, de supervisión y vigilancia,
mediante lo que se interpreta como una evaluación formalista, vertical y
persecutoria de maestros, que no provino precisamente de un equipo de expertos en
educación, avivó el debate, la discusión, la reflexión, la rebelión y la
crítica; así como expresiones de enojo, descontento, temor, preocupación y una
sensación de desvalorización de la profesión docente.
Mucho
se ha escrito al respecto.
Hoy asistimos a este Foro
para expresar nuestras preocupaciones, nuestras exigencias, nuestras
inconformidades y nuestras propuestas; para reflexionar en torno a los
alcances y los efectos, perversos o no, que traerá consigo la mal llamada
reforma educativa.
Debiéramos, como sindicato
nacional, exigir la abrogación de la reforma que cancela las conquistas y los
derechos laborales del magisterio… Pero siendo realistas, y a sabiendas de los
interjuegos políticos y de que con el Pacto por México no existe una oposición
verdadera en el congreso, la abrogación de la reforma de Peña Nieto es casi
imposible. Por eso quizás, la elite política presume que la reforma es
irreversible, signo de que ha ganado la batalla.
Una batalla que por cierto,
no es pedagógica, sino ideológica, porque detrás de los cambios
constitucionales en cuestión, están los poderes fácticos, los organismos
empresariales (Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), y Mexicanos Primero;
y los
organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) que presionan
como grupos rectores que de facto determinan el sentido de la enseñanza
en México orientadas al servicio de las necesidades del capitalismo.
Detrás de esta reforma, que
es de hecho un problema político, hay una confrontación de paradigmas: la
educación pública y la apertura del mercado educativo; la educación humanista y
la instrucción para la productividad; el educador y el instructor.
La lucha de clases está en el plano educativo.
Desde mi perspectiva de
académico, pero también de sindicalista, pienso que con los cambios que se
avecinan no sólo está de por medio el embate a la educación pública y a los
maestros, sino la agresión al propio sindicalismo magisterial.
¿Por qué no se quiere ver
así? Cuando las cuestiones de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia
de los maestros estén controladas desde una perspectiva unilateral empresarial,
¿cuál será la función del sindicato en términos de lucha de clases; de defensa
de los derechos de los trabajadores?
Y así, la reforma va. Se
impuso sin consulta alguna.
Quizás ante un escenario
nada fácil para dar el puntillazo final, se abrieron espacios, ahora sí, para
escuchar a los actores sociales de la educación. A diferencia de la
unilateralidad impostora con que se aprobó la reforma a los artículos 3 y 73, ahora
se abrieron cauces para consultarnos –se dice- en torno a las leyes
secundarias.
MESA 1, EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN
DE LA EDUCACIÓN (INEE) Y LA EVALUACIÓN
1. 1 A alumnos,
1.2. A docentes,
1.3. A directivos y
1.4.
Al Sistema Educativo Nacional
En este espacio, se analizará y reflexionará en
torno al documento correspondiente a la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación.
El texto, tal cual, es revelador de que se parte del supuesto
de que la evaluación, por sí misma, traerá la solución a los problemas y
deficiencias de que adolece el sistema educativo nacional y de que los propósitos
educativos se subordinan a la evaluación. No obstante el palabrerío que adorna parte del
discurso de los documentos curriculares de educación básica 2011, en sentido
contrario vemos que la evaluación sigue cargando el estigma de su génesis de corte
administrativo y laboral que la vincula con el control de resultados y con un
enfoque eminentemente cuantitativo, cuya misión central es la detección de
errores o defectos que impactan en la producción. La evaluación, sigue
identificándose como algo mecánico, intelectual y exclusivamente racional; como
un instrumento de poder, de control y de
sanción; se le ha reducido a un asunto técnico que se resuelve con la selección
y aplicación de instrumentos estandarizados tal y como Santos Guerra[iv]
clasifica como patologías de la evaluación. Una evaluación entendida como
medición de conocimientos de alumnos y maestros, mediante exámenes universales
de opción múltiple. Se piensa que presentar un examen es igual a evaluar, pero
no es así.
Según los promotores de la reforma, la herramienta
central para lograr la calidad de la enseñanza es la evaluación de los
docentes; sin embargo, para evaluar a los profesores antes debe definirse qué
tipo de maestros requiere el sistema educativo, y para ello se necesita establecer
previamente un proyecto pedagógico nacional; revisarse a fondo los planes y
programas de estudio en educación básica para, así, definir el perfil de los
egresados.
Asimismo, definir
el perfil de docente ideal para orientar los procesos de formación inicial y la
formación permanente en el servicio.
Es correcto que la
evaluación es un proceso necesario de diálogo, comprensión y mejora. Pero es de
advertirse, que la evaluación docente es un proceso que requiere tacto y condiciones
específicas. Se trata de una evaluación con monitoreo constante por la
naturaleza de su imprevisibilidad; de una evaluación con riesgo porque
en ella se juega el prestigio de las personas y de las instituciones. La
práctica docente tiene un carácter social, complejo, dialéctico e historicista,
cuya valoración no puede reducirse a criterios objetivistas y cuantitativos. En la
evaluación de los docentes, no caben las superficialidades.
Nos ubicamos frente a un documento que adolece de
errores en su redacción; de una inadecuada formulación de los objetivos, de
imprecisiones y de la falta de definición de lo que se entenderá por Sistema
Nacional de Evaluación Educativa.
A pesar de que se apunta que el INEE evaluará la
calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional, así como sus
componentes y procesos, mediante mediciones, la centralidad de su enfoque va
hacia la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia del personal que se desempeñe en funciones de
docencia, de dirección y de supervisión.
No queda claro si sólo va a evaluar o también se
hará cargo de la profesionalización de los docentes y de quienes ejerzan
funciones de dirección y de supervisión.
Si bien se anuncia que el INEE “es un organismo
público autónomo”, al analizar la ley se da uno cuenta de que es una muy
relativa autonomía, pues muchas de sus atribuciones y funciones para llevar a
cabo las evaluaciones dependen de lo que determine la SEP.
Estas ambigüedades e imprecisiones se agudizan cuando la propia
presidente de la Junta de Gobierno del
INEE expresa: “no debemos ser nosotros quienes califican y definen las
relaciones laborales con el personal docente, pues sólo se harán
recomendaciones y observaciones para mejorar la calidad de la educación”. (Mesa
de análisis sobre la Reforma Educativa entre el INEE y los diputados de la
Comisión de Educación, 26 de mayo, 2013).
Son muchas las preguntas que
flotan en el aire.
"¿Qué
esperar de la evaluación docente? ¿Quiénes van a evaluar? ¿Con qué criterios?
¿Cómo? ¿Con qué medios e instrumentos?
Cómo se
evaluarán a los alumnos si el propio Secretario Emilio Chuayffet, comentó que la aplicación de la
prueba ENLACE podría desaparecer si así lo determina el Instituto Nacional de
la Evaluación de la Educación (INEE), (10 de junio 2013).
A su vez, el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación informó en un comunicado que su junta de gobierno decidió
integrar un comité de especialistas para revisar la calidad técnica de Enlace y
de los exámenes de la calidad y el logro educativo.
Lo cierto es que la evaluación, como se venía
instrumentando ya está en cuestión.
Nadie puede soslayar a la evaluación como proceso
inherente a la función educativa y necesaria para mejorar procesos y
resultados. Los maestros, nunca han dicho que no se les evalúe. Lo que no
parece justo es que un proceso inherente al aprendizaje como es la evaluación,
se convierta en un instrumento de amenaza, de exclusión laboral y de castigo, a
priori.
Por formación y experiencia, los maestros sabemos
que nuestra misión tiene además del carácter disciplinario y profesional, un
componente ético que nos obliga, por una parte, a ser celosos de nuestros
derechos laborales, pero también a ser garantes y consecuentes con el derecho
constitucional que tiene los niños y los adolescentes a recibir una buena educación. Un derecho que
rara vez se exige. En ese sentido tenemos que afrontar autocríticamente los
desafíos inherentes a la profesión asumiendo otra actitud ante los procesos de
actualización y superación, así como un ejercicio constante de una revisión y
reflexión exhaustiva de nuestra práctica docente para hacer mejor las cosas en
el aula y en la escuela.
Por eso estoy convencido, con criterio académico, de
que la actual tensión se está dando en ese cruce de derechos: los laborales de
los maestros y el derecho a una buena educación de parte de nuestros educandos.
Hacia el equilibrio de éstos, es hacia donde deben apuntar los consensos, pues
a riesgo de no gustar, mi convicción es que los derechos de los maestros deben
valer tanto como los derechos de todos los niños, jóvenes y adultos a ser bien
educados y a aprender bien en la escuela.
Producto de las variadas formas en que se han
manifestado los maestros, hoy vemos otros escenarios. Inspira cierta confianza
la postura de los propios integrantes de la Junta de Gobierno del INEE en el
sentido de “no permitir que la evaluación opere como una fuerza
homogeneizadora”; “que la principal función de la evaluación docente es el
mejoramiento”; que “la evaluación docente tomará en cuenta el contexto y las
condiciones de trabajo en que se desempeñen los profesores” y de que “la
evaluación por sí misma no mejora la calidad de la educación”.
Alienta un poco la apertura y posicionamiento de la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados
que preside Jorge Federico de la Vega Membrillo, en virtud a que en sus
diversas participaciones en foros y mesas de trabajo ha expresado que sólo
habrá reformas a las leyes secundarias y nuevas leyes e iniciativas si
descansan en un claro y transparente consenso; que se legislará sobre el
ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, con pleno respeto a los
derechos de los trabajadores de la educación, es decir, se respetará el
apartado B del artículo 123 de la Constitución, así como la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado; que la evaluación, no debe ser
estandarizada, sino considerar aspectos cuantitativos y cualitativos, además de
las condiciones socioeconómicas tan diversas del país, los aspectos funcionales
y logísticos, el entorno del docente, la escuela, los alumnos, el equipamiento,
los materiales y la comunidad, entre otros”; que hay garantía de la salvaguarda
del carácter gratuito, laico y obligatorio de la educación y de que existe la
necesidad de que se debata sobre el propio modelo educativo vigente.
Aguardo mis reservas porque sólo es la posición de
la Comisión. ¿Cuáles serán las posturas y las reacciones cuando esto pase a la
plenaria del Congreso de la Unión?
Y por supuesto, vuelve la certidumbre en tanto que
la dirigencia nacional del SNTE tanto en la cámara de diputados como en otros
escenarios, ha dejado claro que los derechos laborales del magisterio serán
defendidos a cabalidad y que el magisterio se compromete a seguir sirviendo con
lealtad a la educación.
De allí que en coincidencia pensemos:
Ø Que los procesos de valoración de
la profesión docente no deben erigirse como un mecanismo punitivo que determine
la permanencia en el empleo.
Ø Que las evaluaciones no deben
tener fines laborales o administrativos.
Ø Que la evaluación debe tomar en
cuenta las condiciones particulares de las diversas regiones de los estados.
Ø Que
se necesita una evaluación, honesta, juiciosa, razonable, veraz, objetiva,
cualitativa, integral, formativa…
Ø Que
se conciba la evaluación como un proceso perfectible.
Ø Que el SNTE replantee un posicionamiento jurídico a
partir de la correlación de los planteamientos de las leyes secundarias y la
Ley Federal del Trabajo y la legislación correspondiente a las condiciones de trabajo.
Ø Que
se rechace la concepción de que la escuela debe copiar la estructura y clima
laboral de una empresa.
Ø Que la
ley contemple acciones efectivas para la capacitación, actualización,
superación y desarrollo profesional de los maestros.
Ø Que se detenga la difamación y
criminalización de las protestas e inconformidades del magisterio.
Ø Que se
promueva una cultura de la evaluación democrática, justa, participativa y
formativa.
Ø Que se humanicen, como sostiene
el Dr. Gilberto Guevara Niebla, los procesos de evaluación.
Ø Que se instituya una
evaluación dinámica, formativa, procesual y contextualizada.
Ø Que se diversifiquen los
mecanismos, criterios e instrumentos de evaluación.
Como corolario, debe dejarse establecido, que aunque la
reforma en cuestión inició al revés, queda como asignatura pendiente, el debate
sobre el modelo educativo basado en el enfoque por competencias que permea la
RIEB 2011, por tratarse de un paradigma cuestionado y porque se advirtió, a
tiempo, que se trató de una reforma improvisada y regresiva. La globalización y
las urgencias de los neoliberales, no representa argumento válido para
trastocar la pedagogía mexicana que pugna por una educación humanista y apegada
a nuestros valores nacionales. Se demanda una reforma educativa profunda e
integral.
24 de junio de 2013
[i] Tedesco, Juan Carlos. (2001). Los desafíos de la
educación básica en el Siglo XXI, en Revista
Iberoamericana de Educación, 55, pp.31-47.
[ii] Muñoz Izquierdo, Carlos. (2012). Tres problemas
fundamentales del sistema educativo, en Perfiles Educativos, Número Especial,
pp. 154-159.
[iii] Enrique
Legorreta/@enriquelego3_0 Nota en http://revoluciontrespuntocero.com/reforma-educativa-es-laboral-y-administrativa-inee/
[iv]
Santos Guerra, Miguel A. (2012). Entrevista,tomada de U.
N. Periódico, marzo de 2003.
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