Raúl
Romero Ramírez
El 11 de diciembre de 2012, se dio a conocer la
iniciativa de reforma educativa presentada por Enrique Peña Nieto respaldada
por consenso de las fuerzas políticas que firmaron el Pacto por México. El
proyecto de Reforma denominado Educación
de Calidad y con Equidad, apoyado por el Secretario de Educación Emilio Chuayffet pretende recuperar, según
sus palabras “una cruda, permanente pérdida del Estado”, en la rectoría de la
gestión, ignorando al sector sindical del gremio magisterial, entonces
encabezado por Elba Esther Gordillo.
La propuesta de Peña Nieto plantea crear un Sistema
Profesional de Docentes, que promueva la evaluación continua de profesores y
alumnos con el fin de mejorar el rendimiento. Propone declarar nulos los
ingresos y las promociones en el magisterio que no se realicen conforme a la
ley. También propone dotar de autonomía constitucional al Instituto Nacional de
Evaluación para la Educación (INEE).
El dictamen modifica varios artículos
constitucionales. El Artículo 3, a fin de incluir la palabra “calidad” en la
redacción: El Estado garantizará la “calidad en la educación obligatoria, de
manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen
el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. La fracción III de dicha
norma señala que el Presidente considere la opinión de los maestros y padres de
familia en la determinación de los planes y programas de estudio de nivel
preescolar, primaria, secundaria y normal. Asimismo, cambia el Artículo 73, que
precisa que el ingreso al servicio docente y la promoción de cargos con
funciones de dirección o de supervisión de la educación básica y media superior
que imparta el Estado “se llevarán a cabo mediante concursos de oposición, que
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”.
Desde lo laboral, fija los criterios, términos y condiciones de la evaluación
obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el
servicio profesional, con “pleno respeto a los derechos constitucionales de los
trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que
no sean otorgados conforme a la ley”.
En otro punto, la iniciativa establece la creación
de hasta 40 mil escuelas de tiempo completo en el sexenio, con jornadas de seis
a ocho horas diarias para aprovechar mejor el tiempo. En dichos planteles se
suministrarían alimentos, que serían
facilitados por micro empresas locales.
Por su parte, el 6 de febrero de 2013 la Cámara de
Diputados declaró constitucional la reforma, mientras que el Senado de la
República lo hizo al día siguiente y el 16 de enero se firma del decreto que
busca transformar el sistema educativo, en función de la reforma constitucional.
Ante esta situación, el 13 de febrero de 2013, la
lideresa sindical, Elba Esther Gordillo, ante sus agremiados expresa que la
Reforma educativa, “privatizará las escuelas públicas y despedirá maestros con
evaluaciones injustas”, es el mensaje que el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) envío a la Cámara de Diputados. Como si no lo hubiera
sabido desde que asumió gracias a Salinas de Gortari su puesto. Y en el
documento “Jornada Nacional por la Escuela Pública y sus Maestros ¿Por qué
luchamos hoy?” el sindicato señala que “los exámenes estandarizados que se
proponen realizar con la denominada Reforma Educativa, excluyen la valoración
de los avances en las áreas de humanidades, arte y cultura, por ejemplo, con la
afectación a una formación que promueva valores para la convivencia armónica”.
Además explica que en nuestro país, de acuerdo al gremio magisterial “se ha
impulsado desde la OCDE una serie de recomendaciones, que diversas
organizaciones han utilizado de manera sesgada como bandera, y que han logrado
incidir en la llamada ‘Reforma Educativa’ con el propósito de hacer de la
educación pública un gran negocio. Como lo dice Carlos Slim: ‘Vienen,
pontifican y se van’”. Y por fin declara que diversos organismos
internacionales, de corte marcadamente economicista, el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), Organización Mundial de Comercio
(OMC), así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), entre otros, “han venido acrecentando su capacidad de incidir en la
definición de la Agenda Educativa Global”, y menciona que con la Reforma
Educativa, el Estado delega a los padres de familia “su responsabilidad de
sostenimiento de las escuelas, afectando los principios de gratuidad, laicidad y
obligatoriedad de la educación pública; del mismo modo, se da “respaldo
constitucional para el desarrollo de empresas privadas al interior de la
escuela”, aseguró en este documento en sindicato de maestros; todo esto acotó
el SNTE, como verdad que ya sabía desde hacía años y no se exponía a la luz por
los funcionarios y supervisores debido a sus intereses gremiales en contra de
todo derecho de los trabajadores.
Finalmente, el 25 de febrero de 2013, ocurre la
promulgación de ley de la reforma educativa, como acto más que deja ver con
claridad la intención del Estado de corte neoliberal de mantener en sus manos
la dirección de la educación pública, avalado por representantes del Congreso
de la Unión, líderes partidistas y representantes de instituciones como la UNAM
y el IPN, en ausencia del SNTE iniciando el proceso de creación de: 1.- El
Sistema Nacional de Evaluación Educativa; 2.- El Servicio Profesional Docente;
3.- El Sistema de Información y Gestión Educativa; 4.- Autonomía de gestión
escolar; y 5.- Escuelas de tiempo completo.
Un día después Elba Esther Gordillo es detenida por
la policía federal y acusada del desvío de fondos del sindicato a través de
numerosas operaciones bancarias irregulares entre los años 2008 y 2011. Para el
28 de febrero de 2013, el nuevo presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, acusó que se ha emprendido
una campaña de desprestigio y denigración en contra de los maestros. Lo
anterior, dijo, porque «a muchos no les ha gustado que el sindicato proponga
mejoras al sistema educativo nacional». Sin embargo, sabemos bien cómo el
sindicato ha utilizado su poder político y económico para mantener los
privilegios en contra de los derechos laborales constitucionales.
Por ello, es un hecho real que al interior del
SNTE, en cada sección del país, los ascensos para Director de Escuela,
Supervisor Escolar, Jefe de Sector, incremento de horas, cambios de Zona y
otros derechos laborales, únicamente se otorgan a los familiares, amigos e
incondicionales de los líderes sindicales, acusando y recriminando a los
profesores que no asisten a los “actos conmemorativos del sindicato”, como son
las reuniones sindicales para celebrar los cumpleaños o los “besamanos” de sus
líderes, a los cuales la asistencia representa una buena cantidad de puntos
para lograr se les proporcionen sus derechos.
Por otra parte, se sabe bien que el SNTE también se
coaligó con el partido PANAL, lo que
significó “manejo de votos” y desvío de recursos humanos, materiales y financieros
para su sostenimiento, fortalecimiento y permanencia política.
Por esto, al maestro, ahora más que nunca, le es
necesario estar informado para tomar decisiones inteligentes y que generen
acciones que beneficien y desarrollen la capacidad teórica y práctica que
propicie un crecimiento intelectual, moral del profesor en su praxis
profesional.
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