Marcelo
Ramírez Ramírez
Reformas educativas
ha habido muchas a lo largo de nuestra historia, desde la de Don Valentín Gómez
Farías, en la tercera década del siglo diecinueve, hasta la que anunció el
presidente Enrique Peña Nieto, apenas iniciado su gobierno, en una clara
manifestación de voluntad política de incidir en la reorientación del Sistema
Educativo Nacional. Las reformas han sido, cada una en su momento, reflejo de
las ideas dominantes sobre el papel de la educación, tal como las interpretan
desde la óptica estatal quienes gobiernan; pero el apoyo real de las fuerzas
políticas, los grupos de poder económico, el magisterio, los intelectuales, los
líderes de opinión y de la sociedad, ha respondido invariablemente a una toma
de posición determinada por los intereses que se defienden. Una reforma supone
siempre la afectación de un orden institucional establecido, afectación que es
valorada de distinta manera por los diversos actores. La educación representa
un instrumento capaz de consolidar o minar la estabilidad política y este hecho
es prioritario para todo gobierno. Así lo entendieron los ideólogos liberales
del siglo diecinueve, al buscar una educación adecuada al nuevo Estado laico,
el cual necesitaba ser fortalecido frente a los representantes de la ideología
conservadora. Desde entonces, la política educativa ha reflejado la lucha,
abierta o sorda por el control de la educación, una lucha que el Estado tiene el
derecho y el deber de mantener dentro de los causes de la legalidad
subordinándola a los intereses generales de la nación. El doctor Gabino Barreda,
adaptando la doctrina positivista a la realidad mexicana. Don Justo Sierra en
el porfiriato, José Vasconcelos con el general Álvaro Obregón, Narciso Bassols
y Lombardo Toledano con el genera Lázaro Cárdenas, Don Jaime Torres Bodet con
el general Manuel Ávila Camacho y con el licenciado Adolfo López Mateos
respectivamente, impulsaron reformas educativas de reconocida importancia. Se
las recuerda como hitos de fecundas realizaciones en el desarrollo de la
política educativa. Estos hitos, sin embargo, no son marcas en una historia
continua hacia idénticos objetivos; señalan momentos de ruptura en la
concepción y práctica de la educación y eso explica que en algunos casos la
reforma emprendida deje de lado e inclusive rechace abiertamente instituciones
y rutinas que al correr del tiempo habían terminado por ser inoperantes. En un
repaso panorámico, las reformas se nos presentan de la siguiente manera: la
obra de Vasconcelos privilegió la escuela rural, las misiones culturales, la
alfabetización y las bibliotecas; el régimen cardenista adoptó el socialismo
para formar al hombre nuevo, en franca contradicción con los principios que
organizan y sustentan al Estado mexicano; Jaime Torres Bodet reconstruyó la
escuela mexicana bajo los principios de la democracia liberal, dándole
congruencia al sistema educativo con el resto de las instituciones públicas; el
Ingeniero Víctor Bravo Aguja fortaleció el sistema tecnológico y dio impulso a la
educación crítica y a los principios de solidaridad internacional. El gobierno de
José López Portillo enfocó sus esfuerzos a la expansión del sistema,
fortaleciendo el nivel preescolar, brindó atención a los educandos con
capacidades diferentes y destinó mayores recursos a los grupos marginados. Con Carlos
Salinas de Gortari, lo que podría llamarse paradigma de la educación
nacionalista parece rebasado por la dinámica de la economía mundial y toma
rumbo definido la tendencia a coordinar estrechamente la acción educativa con las
exigencias derivadas de la globalización. El reto se presentará en adelante en los
siguientes términos: proveer de nuevas competencias a los individuos para
integrarlos al mercado laboral y formar ciudadanos aptos para la convivencia
democrática; dos objetivos no siempre compatibles en la perspectiva de los
funcionarios responsables de transformarlos en programas operativos, porque los
valores para la ciudadanía han sido considerados como un añadido y no un fin
relevante en sí mismo. Durante los dos últimos gobiernos panistas, el énfasis
se puso, con notoria parcialidad, en la formación de competencias para el
trabajo productivo. La decisión oficial de impulsar la educación con criterios
utilitarios, llevó a menospreciar la función de la filosofía para formar el
juicio critico que es, precisamente, prerrequisito de una opinión pública
responsable, así como también ignorar el papel de la historia prehispánica como
fuente de identidad.
La Iniciativa de Decreto
del Ejecutivo para la Reforma del Artículo Tercero de la Constitución merece
ser analizada, pues el texto nos informa acerca de los cambios que se proponen,
su justificación y lo que debe esperarse de una educación de calidad e
inclusiva, dos características definitorias del nuevo modelo educativo de
acuerdo al propio documento. Con este propósito en mente, destaquemos algunas
cuestiones sobre las cuales se han expresado diversos puntos de vista. En la Iniciativa
coexisten dos planos de sentido. El plano del discurso explícito manifiesta con
claridad los deberes que el Estado asume respecto al sistema educativo, en el
espacio de una decisión política que reconoce la presencia de otros actores
importantes, cuya opinión y propuestas fueron integradas para la Reforma del Artículo
Tercero y lo serán también en la elaboración de las leyes secundarias. Ahora
bien, el contenido de la Reforma contempla dos acciones fundamentales, la
creación del Servicio Profesional Docente y la elevación a rango constitucional
de la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Hay quienes
piensan que deberían haberse planteado otras acciones a fin de incidir con
mayor fuerza en los factores que impiden cumplir al Sistema Educativo con su
misión. Lo cierto es que tales juicios sólo conllevan el riesgo de polarizar
las discusiones, sin que éstas se traduzcan en elementos enriquecedores del
modelo al que la Reforma dará vida. La actitud políticamente conveniente, una
vez aprobada la Reforma, es atenerse a las propuestas que le dan contenido
efectivo, promoviendo el correspondiente ejercicio de reflexión y participación,
con vistas a la elaboración consensuada de las leyes secundarias. La pluralidad
de puntos de vista argumentados con solvencia intelectual y moral, será
susceptible de ser considerada por el órgano legislativo, de manera que todos
los intereses queden a salvo en la medida en que se acredite su legitimidad.
En cuanto a lo que
podemos llamar el plano del discurso implícito, susceptible de ser leído entre
renglones, sobre el interés del gobierno en aplicar con mayor rigor las normas
del derecho laboral a los trabajadores al servicio de la educación, o en
modificar las relaciones de poder entre el SNTE y las autoridades, todo esto es
más bien materia de especulación. La única manera de eliminar las sospechas,
es, nuevamente, la discusión de los compromisos concretos que las partes
involucradas se obligan a cumplir, los cuales quedarán debidamente consignados
en las normas reglamentarias. Veamos un ejemplo para ilustrar lo que entendemos
por darle concreción a la Reforma preservando los derechos de sus principales
actores y de los educandos, en los cuales descansa el futuro de la Nación. La
Iniciativa habla de calidad educativa. Pero ¿en qué consiste la calidad
referida a un ser humano? La cuestión no es saber si formar profesionales y
operarios competentes es un objetivo plausible, algo que nadie pone en duda,
sino si esto por sí mismo es suficiente. El Artículo Tercero de la Constitución
es muy claro al respecto: la formación de los educandos debe ser integral y
armónica; concepto ambicioso e irrealizable, pero sabiamente establecido con la
intención de servir de principio regulador al trabajo cotidiano del magisterio.
El “producto” de la educación debe acercarse lo más posible, en cada fase del
proceso formativo a esta meta. El esfuerzo por conseguirlo es lo distintivo de
la tarea educativa y da al maestro la dignidad de un formador de conciencias y
no de funcionario burócrata. Por tanto, podemos concluir señalando que la docencia
requiere instrumentos delicados de evaluación; que es necesario fortalecer su
preparación con un sistema que reconozca y estimule su trabajo y dedicación;
que es preciso considerar cuidadosamente los indicadores para evaluar los
resultados de la actividad del magisterio. En suma, que la evaluación debe
aportar, ante todo, criterios para el mejoramiento del sistema educativo,
haciendo posible combatir las debilidades y compartir las fortalezas según lo
establece la Iniciativa presidencial. Los representantes sindicales tienen aquí
y en otros temas medulares, una oportunidad de legitimación y diseño de
estrategias para redefinir los espacios de diálogo con las autoridades. Estos
espacios son ya indispensables para procesar las diferencias y hallar soluciones
que tienen que ver con el bien común y sólo secundariamente con intereses
sectoriales o individuales.
Sin caer en la
actitud de esperar cambiar todo y totalmente el sistema educativo, tampoco
puede soslayarse la urgencia de reconstruir las bases culturales y morales del
pacto social. En tal dirección, la Reforma reclama ser impulsada hasta el
límite de lo posible. La reconstrucción de las bases de la convivencia es hoy,
como en otras etapas criticas de nuestra historia, prioridad nacional. Con ella
deberán guardar congruencia el Servicio Profesional Docente, el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa, así como los programas y acciones que deriven
de las propuestas contempladas en los artículos transitorios del Decreto para
la Reforma del Sistema Educativo Nacional.
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