Por: Marcelo Ramírez Ramírez
Abordaré el tema de la ciudadanía y su indisociable vínculo con la educación, recuperando tres momentos históricos que me permitan reflexionar sobre el significado del concepto y su evolución hasta la época actual. El método, espero, servirá al propósito de comprender la ciudadanía como una conquista, algo que se ha ido construyendo y que sólo puede mantenerse y consolidarse a través de un proceso educativo que actúe sobre las generaciones, revitalizando y ampliando sus objetivos según tiempos y circunstancias. Pondré cada una de las etapas enunciadas bajo los siguientes epígrafes: Primera.- Las aportaciones de la democracia ateniense. Segunda.- Las aportaciones del pensamiento ilustrado. Tercera.- Las aportaciones de la postguerra, a partir de la segunda mitad del siglo veinte, hasta nuestros días. Queda sobreentendido que estos períodos históricos tienen una relevancia especial que espero me facilite el adecuado desarrollo del tema elegido.
Las aportaciones de la democracia ateniense.
La ciudadanía aparece como un producto tardío de la evolución social, cuando se da la coincidencia afortunada de factores materiales, culturales y políticos en la época de mayor esplendor del pueblo griego, específicamente dentro de los reducidos límites de la ciudad de Atenas. Enriquecida por el comercio marítimo, Atenas tuvo el mérito de implantar, por vez primera, una forma de gobierno que reflejaba la voluntad de los miembros de la polis reunidos en la plaza pública. La asamblea de los ciudadanos tomaba las decisiones sobre los asuntos de interés general; se trataba de una democracia directa y ha sido, a lo largo de los siglos, el ideal de quienes ven en ella el modelo de un gobierno del pueblo. “Evoca una imagen poderosa aunque no totalmente verdadera”, según comenta José Nun, porque en la realidad, la ciudadanía estaba restringida a lo hombres libres, quedando excluidas las mujeres, los esclavos y los metecos. Al parecer, ni siquiera la totalidad de los ciudadanos, cuyo número osciló entre treinta mil y sesenta mil de acuerdo con el mismo autor, tenían cabida en el ágora, cuyo cupo máximo era de seis mil. Como sea, la aportación de Atenas ha conservado siempre cierto halo mágico, porque representa la primera afirmación del ciudadano frente al poder público; la primera vez en que el ciudadano toma conciencia de su papel central en lo relativo al orden que debe presidir la vida comunitaria y de la forma en que deben resolverse los conflictos. Por otra parte, la libre discusión como método para construir consensos, significó el reconocimiento de que todos los ciudadanos poseen la necesaria capacidad para entender los problemas que les conciernen y por lo tanto, para orientar la toma de decisiones. La palabra deja de ser privilegio del poder, de la clase sacerdotal que administra la verdad o del que impone su autoridad. Analizando este hecho extraordinario explica Emilio Lledó que la isegoría: -el derecho a la palabra-, quedó como el antecedente más remoto de lo que ahora se llama libertad de expresión. Estamos, pues, ante uno de los supuestos básicos de la doctrina democrática, que, proporciona una buena razón para justificar la participación de los ciudadanos en los actos de gobierno. Contra la ley del más fuerte que impera en la naturaleza, la filosofía proclamó la norma ética por la que el hombre se eleva al orden superior del espíritu. Calicles enunciaba la verdad del hecho en sí, contemplada como ámbito cerrado al que el hombre se encuentra condenado como ser natural; la filosofía descubrió el ámbito de la libertad que abre al hombre el mundo de la cultura como su segunda naturaleza; la cultura de donde a su vez, brotará el orden político que es el hogar del hombre. En la polis, en la ciudad, el hombre cumple su destino, por lo que, para el griego ser hombre es ser ciudadano.
El ciudadano ateniense, educado en el arte de la retórica para argumentar a favor de sus puntos de vista, así como para rebatir al adversario, era portador de valores constitutivos de un estilo de vida, por los cuales estaba dispuesto a luchar e incluso morir si era preciso. Así quedó demostrado durante las batallas contra el imperialismo persa, en las cuales se enfrentaron dos concepciones irreconciliables sobre la condición humana; una, la del despotismo asiático que desprecia la dignidad y la libertad del hombre y la otra, orientada ya en la dirección de los valores éticos decantados por la reflexión teórica y que han nutrido desde entonces la tradición humanista, aunque repetidamente hayan sido sofocados y en momentos pareciera que podían ser destruidos por sus enemigos declarados: la tiranía y la barbarie, o por los excesos de la demagogia, peligro siempre latente en las democracias. El demagogo degrada los valores al despojarlos de su contenido positivo, para poner en su lugar, con los mismos nombres, cosas completamente distintas. Así suceddía con términos tales como libertad, igualdad, dignidad, trivializados hasta la caricatura: se es libre porque se vota el día de los comicios, esta libertad dura unos momentos, suficientes para legitimar el tipo de democracia caracterizada como gobierno de los políticos, por ser éstos los principales beneficiarios del poder delegado en sus personas. La justicia distributiva se identifica con el asistencialismo estatal que no ataca a fondo el problema estructural de la pobreza y, en cambio, allana el camino a políticas clientelares. La igualdad a que aspira la democracia en cambio, es aquella en que ningún ciudadano es demasiado pobre para tener que vender su conciencia y ninguno demasiado rico que pueda comprarla, como lo expresó Rousseau. La dignidad personal, en fin, se asume formalmente en el discurso en términos exclusivamente retóricos; los ciudadanos se han acostumbrado a escuchar promesas que difícilmente son cumplidas por los políticos. Devolver a los conceptos su significación genuina para inspirar conductas éticas en gobernantes y gobernados, debe ser, por tanto, una de las tareas esenciales de la reforma educativa que habrá de surgir de las reflexiones, debates y análisis del magisterio nacional.
La formación valoral es el antídoto para combatir la confusión que hoy priva respecto a los objetivos por los que vale la pena luchar en la vida. Nuestra juventud está ansiosa del éxito fácil, de la ganancia fácil, de experiencias estimulantes. Todo esto pretende encontrarlo sin esfuerzo y sin compromiso; un hedonismo esclavo de los instintos es hoy la motivación más poderosa de nuestros jóvenes. Por ello la ética debe ser reinstalada en el corazón mismo del sistema educativo nacional, de manera que los ciudadanos se comprometan con proyectos de vida en donde se articulen el bien individual y el bien comunitario, como lo entendieron en la Atenas de la época clásica. Pese a las enormes diferencias que nos separan de aquella realidad, hay algo que sigue siendo válido: el imperativo de someter el egoísmo de los individuos al bien de la comunidad. El equilibrio de la mente y del cuerpo, la moderación, el anhelo de justicia, son, más que nunca, metas educativas que es imprescindible conservar, sin confundirlas con los saberes reemplazables. La sabiduría no es reemplazable. Podemos creer que jamás podrá modificarse la naturaleza humana por completo, pero en lo que atañe a los maestros, cuya misión es formar hombres, no podemos declinar el deber de empeñar el mayor esfuerzo posible en domeñar nuestras inclinaciones oscuras, educando para la solidaridad, la tolerancia, la búsqueda de la justicia…
Las aportaciones del pensamiento ilustrado.
En el siglo XVlll coinciden una intensa actividad intelectual y una honda inconformidad social provocada por el mal gobierno del Rey Luis XVl, atribuido, por la voz popular, a su debilidad de carácter. También se acusaba a la consorte real María Antonieta de frivolidades y excesos en sus gastos personales, mientras el pueblo padecía de hambre bajo el peso de tributos cada vez más onerosos. El pensamiento ilustrado aportó los elementos ideológicos para deslegitimar la doctrina del derecho divino de los reyes; el pueblo francés aportó el impulso devastador que puso fin al absolutismo. El enunciado de que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos y dignidad, que da contenido al artículo 1º. de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se volverá dogma central de la ideología revolucionaria que cambiará el rostro de las naciones europeas primero y después de gran parte del resto del mundo. El antiguo régimen, con su rígida división en clases, en cuya cima estaba la aristocracia terrateniente con sus fueros y privilegios, fue arrojado al basurero de la historia tras una cruenta guerra civil. Desde ese momento, la modernidad quedará indisolublemente ligada a la Ilustración. Por ello, cuando los ideales proclamados por aquella quedan incumplidos o llevan a resultados inimaginables como los campos de concentración de Hitler o la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por bombas atómicas, hablar de crisis de la modernidad, equivale a hacer el balance del pensamiento ilustrado que proporcionó al hombre moderno los materiales para forjar sus sueños. Empero, estos juicios requieren, desde ya, las debidas precisiones. En lugar de la ética heterónoma basada en la autoridad externa, la Ilustración vio en la conciencia de cada hombre la sede de los juicios morales. El hombre capaz de juzgar por sí mismo sobre el sentido y consecuencias de sus actos, será en adelante el sujeto de la ética. Esta autonomía que supera el dogmatismo autoritario, es parte de la herencia que custodia la escuela laica. El hombre concebido como sujeto libre y por ello responsable de su propio futuro, es uno de los mayores méritos que hablan a favor de quienes creyeron en las potencias creadoras del ser humano, en su voluntad transformadora, en su razón y en los frutos de ésta: la ciencia y la técnica. Sin duda, no estaban en condiciones de advertir los peligros que entrañaba el espíritu fáustico, así bautizado por Teodoro Haecker, de dominio de la naturaleza, que terminó por extenderse a los mismos hombres, desembocando en refinados modos de control y enajenación a través de los medios de comunicación. En todo caso, la ambigüedad del proyecto ilustrado parece ser inherente a todo proyecto humano. Después han podido explicarse con cierta claridad las causas de la crisis en que ha desembocado la modernidad; la principal, haber subordinado la razón a fines exclusivamente utilitarios para servir, no al desarrollo humano, sino a los intereses de un capitalismo salvaje.
La razón instrumental es la forma unilateral en que la razón opera para alcanzar objetivos útiles de los que derivan beneficios materiales de diversa índole, haciendo abstracción de las necesidades humanas genuinas. Y ha sido el uso intensivo y generalizado de la razón instrumental el causante del envenenamiento del planeta; del daño a la capa de ozono; de la devastación irresponsable de bosques y selvas; de la desaparición de especies animales; del agotamiento de la reservas de recursos naturales para mantener el desarrollo a niveles compatibles con el aumento de la población; en suma, del grave desequilibrio ecológico que urge revertir por solidaridad con los que aún no nacen, para decirlo con las palabras de Hans Jonás. Esta solidaridad es inexplicable en el contexto de la instrumentalidad, donde el hombre –nos dice Gabriel Marcel-, se identifica con lo que hace. La solidaridad no puede aparecer ni cultivarse en el orden de los medios y los fines organizados bajo el dictado de la obtención de beneficios económicos; desborda la racionalidad filistea del cálculo de la ganancia; se eleva a una racionalidad que en lugar del beneficio busca el bien del conjunto en que los otros son fines absolutos. En su sentido más profundo, la solidaridad brota de un sentimiento de comunión con nuestros semejantes y, más allá todavía, con todo ser vivo, con la totalidad de la naturaleza; se alimenta de una intuición infalible aunque no podamos explicarla con el lenguaje forjado en el comercio con las necesidades prácticas. Sólo la poesía, la literatura y la religión tienen la clave de acceso a esa esfera inefable donde el hombre comunica, está en comunión con todo lo existente. No debe extrañarnos que la escuela, subordinada como está a la concepción instrumental del conocimiento, ignore esas verdades. Para quienes entienden la educación subordinada o la economía, lo más avanzado en política educativa, lo propiamente moderno, pasa por esta supresión de contenidos que no sirven para nada concreto pero que, por eso mismo, dan sentido a la existencia, permitiendo establecer orden y jerarquía en las metas por alcanzar. En este punto preciso, la “cura” de la modernidad consiste en ponerla a salvo de sus excesos, aplicándole la fórmula por ella descubierta, la de la critica de los mitos elaborados al amparo del entusiasmo por el progreso material, con el cual se identificó el sueño siempre anhelado de nuestra felicidad.
Si la civilización ha de continuar pese a la crisis en que parece naufragar, es indispensable que encuentre el punto de equilibrio de fuerzas contradictorias; se impone mantener viva la fe en la razón, en la autonomía moral del ser humano, en la dignidad, en la posibilidad de hacer efectivos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. La única manera de expresar esta fe, es fortalecer, en nuestro caso, crear el Estado Social de Derecho en que encarnan los valores positivos de la modernidad. ¿Podrá oponerse con éxito el Estado de Derecho a los poderes fácticos cuyos intereses se reducen al lucro desmedido y son ciegos y sordos a cualquier consideración ética o siquiera al elemental interés de la supervivencia? ¿Podremos ver establecido algún día en nuestro país el Estado Social de Derecho, promotor de un desarrollo con libertad, justicia y seguridad? En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es fácil descubrir la fuente de convicciones recogidas en el derecho constitucional de los países avanzados; convicciones que la escuela democrática debe imbuir en las nuevas generaciones. Quien lea los artículos de ese documento, estará de acuerdo en que ellos establecen principios de convivencia que esperan mejores tiempos para su cabal aplicación. El artículo 15, por ejemplo, señala: la sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo funcionario público. ¿No es esta una exigencia que debería ser satisfecha en nuestro país para darle credibilidad al poder público?
Las aportaciones de la postguerra
A la terminación de la guerra mundial siguió la etapa de la reconstrucción. Los efectos devastadores del conflicto: 50 millones de muertos, ciudades en ruinas, la planta industrial de los vencidos incapacitada para producir, impuso a los vencedores un plan emergente de ayuda que daría resultados sorprendentes. En cosa de años se dio la recuperación de las economías; se habló del “milagro japonés”; se admiró el genio y constancia de los alemanes para superar la adversidad. De manera menos espectacular, Italia volvió a la senda del desarrollo. El éxito dio lugar a chistes. En México hasta se decía que valía la pena declararle la guerra a los Estados Unidos, para después recibir la ayuda de la nueva potencia hegemónica. Pero la reconstrucción material no era, finalmente, lo fundamental, si permanecían vivas las causas de la inconformidad que habían llevado al conflicto armado. Ya se sabe: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Había, pues, necesidad de volver a la política. Tras la máscara de la propaganda de los buenos y los malos, se sabía latente una realidad llena de tensiones. Se imponía, en consecuencia, reconstruir el tejido social, crear nuevas solidaridades, lealtades y compromisos al interior de los países, así como en el plano internacional. El progreso, se sabía ahora con total seguridad, podía servir lo mismo para mejorar la vida que para aniquilarla. Este poder había llegado a fronteras inauditas con la energía nuclear; surgía la conciencia de culpa acompañada con la voluntad de impedir enfrentamientos futuros. En este clima de arrepentimientos, reflexión y esperanza renovadas, apareció en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, seguida, en el curso de los años posteriores, de otros instrumentos internacionales y regionales, donde se recogen demandas de contenido ético cada vez más universales e incluyentes. Se reiteró la importancia de los derechos civiles, políticos y sociales y vieron la luz los derechos colectivos: el respeto a las tradiciones, la lengua, la cultura, las creencias de los pueblos étnicos.
Del reconocimiento obligado de la ambigüedad de la naturaleza humana, con su doble orientación al bien y al mal, derivaron imperativos morales que, una vez más, encontraron en la educación el vehículo idóneo para trascender al conjunto de la sociedad. Educación para la vida, para aprender y para actuar; para aprender a aprender, para ser y ser con los demás; para cuidar el entorno. Educación para el diálogo intercultural. Reaparece, vigorosa, la figura del ciudadano que votará en las elecciones y participará en la cosa pública. Teóricamente se conocen ya las cualidades que serán imprescindibles al ciudadano universal. La razón que habrá de ayudarnos en adelante, será la razón que descubre la promesa del futuro en el presente. Para la educación es esencial este aún no de la realidad que nos invita o, mejor, nos impone la tarea de hacer nacer el futuro. La tarea se bifurca en dos grandes acciones: la de cambiar al hombre para cambiar la sociedad y la de cambiar el orden social para ofrecer al hombre condiciones apropiadas a su pleno desarrollo. Reforma de la educación y reforma política, implicadas una en la otra, imprescindibles ambas para desterrar al viejo enemigo de la paz y la armonía social: el egoísmo, aceptado como virtud, en el colmo del absurdo a que ha conducido la inversión de valores. En resumen, los grandes objetivos serán: un nuevo Estado y una nueva educación. El primero, abocado a conseguir el equilibrio de los intereses; incide, por tanto, en el plano objetivo; la segunda dirigida a formar la personalidad, incide en el plano subjetivo, en la conciencia de los individuos, con la encomienda de proveer la ciudadanía universal reclamada por el mundo que ha emergido de la globalización. En este mundo, casa de todos, el respeto de los derechos humanos y la ética de la solidaridad se imponen como prerrequisitos de supervivencia, si es que otras razones no fueran suficientes.
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