Las desigualdades educativas en nuestra nación, como otras, son paralelas a las desigualdades sociales, a la distribución de la riqueza económica y del poder político.
Desde los ámbitos gubernamental y privado, han surgido propuestas y acciones en busca de aminorar esa problemática educativa.
La política educativa en México ha evolucionado haciendo realidad de manera parcial, ideales de los grandes movimientos sociales: Independencia de México, Reforma y Revolución mexicana.
Aunado al problema referido, la educación formal enfrenta una competencia desleal con la educación proveniente de sectores empresariales y políticos, debido a la disparidad en la disponibilidad de recursos, principalmente financieros, creando una distorsión de los fines de la educación. Tarea ardua, en consecuencia, que representa las crecientes necesidades de la población, obligando a redefinir estrategias encaminadas a construir una nación más justa desde los entornos académicos.
Uno de los factores vinculados con tales desigualdades educativas, es la aplicación de los recursos públicos dentro del ambiente educativo, constituyéndose en una de las grandes disyuntivas: ¿invertir en educación indígena y comunidades más alejadas del conocimiento o destinarlos a la investigación, infraestructura, planeación y organización educativa, u otros rubros?
Obviamente, ante un problema complejo debe haber una solución integral e incluyente. De la iniciativa privada y la sociedad civil han emergido propuestas de solución ofreciendo resultados positivos. Por parte del sector gubernamental también se han establecido diferentes programas encaminados en busca de solución del tema tratado: Enciclomedia, Útiles escolares, Oportunidades, Escuelas de calidad.
En días recientes surgió un debate al promulgarse el Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios educativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de febrero, con efectos a operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2011. Evidentemente se politizó la decisión gubernamental y surgieron argumentos a favor y en contra, válidos unos, falsos otros, generando incertidumbre en la población, producto de la ignorancia en aspectos álgidos como los fiscales y la política educativa.
Analizando el Decreto como parte integral de una política educativa, sin soslayar sus repercusiones lógicas en aspectos políticos, fiscales y educativos, sin duda contribuye a atender problemas de la gente en ciertos niveles, aunque no resuelve las desigualdades educativas, considerando que una solución total requeriría la participación generalizada… muy lejos de lograrse. Un elemento sin duda importante, es canalizar recursos derivados de esta medida a los grupos de mayor marginación del país, la pregunta es ¿Se generarán recursos económicos con esta medida, y se dedicarán a esos sectores?
1 comentario:
A priori, fruto de la corta experiencia adquirida, puedo afirmar que los recursos recaudados propiamente serán empleados para fines totalmente distintos a los que fueron creados. Cualquier medida tendente a combatir los problemas del sistema educativo nacional jamás surtirán sus efectos deseados, hasta en tanto no se desvinculen de los intereses personales de quien los propone, promueve o aprueba. Echemos un vistazo al Programa Oportunidades, empleado para contar con potenciales votantes a favor de un partido en particular; otro ejemplo, las Enciclomedias, que demuestran la ausencia de sensibilidad social de quienes idearon su puesta en práctica, por un lado, escuelas con equipos multimedia de avanzada y por otro, escuelas sin siquiera techos o baños en las zonas marginadas: El resultado, jóvenes sobrepreparados frente a jóvenes carentes de las herramientas básicas para salir adelante en esta Aldea Global
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