EL SUBSIDIO DE LAS COLEGIATURAS

Ariel López Alvarez

El pasado lunes 14 de febrero, el presidente Felipe Calderón anunció el decreto que permitirá deducir el pago de las colegiaturas del Impuesto Sobre la Renta. Tal parecería que, para que el subsidio al gasto educativo de los contribuyentes fuera real, se debería haber comenzado con la regularización de las colegiaturas. Esta es la historia, y las reflexiones que de ella se desprenden.

Desde el primer día la noticia dividió las opiniones: ¿Si se tienen calculadas economías de las recaudaciones, por qué se van a sacrificar esos ingresos y no se le inyectan más recursos al gasto educativo oficial? ¿Pues no que se estaba haciendo el mayor sacrificio educativo y ahora resulta que en adelante sobrará dinero como para subsidiar el pago de escuelas? ¿La medida responde a una añeja demanda de las clases medias que sí pagan impuestos? ¿Se disfraza el apoyo directo a las escuelas particulares y con la medida se detona su crecimiento? ¿Subsidia o no al sector de mayores ingresos en México? En adición, los priistas se preguntan por qué el Secretario de Hacienda había rechazado la idea del paquete de reforma fiscal que había propuesto hace unas semanas el senador Manlio Fabio Beltrones, y antes, en 2009, el diputado Marco Antonio Bernal.

Días después al anuncio, en una entrevista, el presidente Felipe Calderón señaló que la deducción del pago de colegiaturas era “una demanda muy sentida, postergada durante décadas, de miles y miles de familias; particularmente de los padres de familia que destinan la parte más importante del presupuesto familiar al pago de la escuela de sus hijos”; que la deducción tendrá un límite, “lo cual es exactamente lo que gastaríamos en esos jóvenes en la educación pública, de tal manera que no hay precisamente un sacrificio de la misma”. Una aseveración tal, parece justificar oficialmente la falta de apoyo a la educación superior pública, canalizándola a la particular.

Lo cierto es que las autoridades educativas federales calculan que la firma del decreto que incluye los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato tendrá un costo fiscal de 11 mil a 13 mil millones de pesos; aproximadamente el 2.5 por ciento del presupuesto total en educación, el que deberá ser absorbido por ahorros de la administración pública federal. Por otra parte, las estimaciones de los beneficios alcanzarán a los padres de aproximadamente 3 millones 90 mil estudiantes. Según el propio presidente Felipe Calderón, las colegiaturas deducibles de impuestos facilitarán la formalización de causantes, pues este tipo de pagos educativos se harán a través de medios electrónicos y cheques, no en efectivo.

Agremiados de Coparmex, Concanaco y otras organizaciones de empresarios y comerciantes pidieron que la medida de la deducción de impuestos de colegiaturas se amplíe al pago de las colegiaturas de nivel superior y posgrado. Sin embargo, al no haberse incluido el servicio particular de educación superior, las autoridades educativas federales anunciaron que en los próximos días darán a conocer un programa de créditos escolares para los estudiantes de ese nivel.

Resultan interesantes las siguientes partes del análisis del periodista Sergio Sarmiento, quien refiere en su columna Jaque Mate, de Reforma, que “Desde la izquierda se cuestionará la deducción por una razón muy sencilla: constituye un subsidio más a las clases medias, a las familias que tienen dinero para pagar una educación privada. (…) Uno de los puntos positivos de la deducción de las colegiaturas es que constituirá un incentivo para la formalización. Quienes se encuentran en la economía informal no podrán beneficiarse”. Por otra parte, Sarmiento anota que “Las razones políticas de la medida son claras. Los electores aborrecen los aumentos de impuestos y en cambio aplauden las deducciones y tratos especiales que los favorecen. El gobierno del presidente Calderón, que ha subido el IVA y el ISR y ha creado el IETU, ahora ofrece a los votantes de clase media una deducción que los favorece directamente”.

En el alud de opiniones que inmediatamente empezó a generarse, el SNTE no esperó conocer la opinión de sus agremiados y, en un desplegado aparecido al día siguiente del anuncio presidencial, el martes 15, brindó sin cortapisas su apoyo al presidente Calderón: “Esta decisión puede coadyuvar a mejorar la situación económica de un segmento de nuestra sociedad”. Sin embargo, a las 24 horas, el secretario general del SNTE, Rafael Ochoa, sería más mesurado en su discurso afirmando que el gremio entiende la medida que tomó el presidente Felipe Calderón, pero no la aplaude por ser inequitativa; además de considerar que la medida fiscal no resuelve las carencias de la educación.

Eduardo Andere, investigador del ITAM, en un foro organizado en la semana del anuncio, señaló que la decisión hará más inequitativo el sistema educativo mexicano. Por su parte, Manuel Gil Antón, investigador de El colegio de México, dijo que el decreto es regresivo, “Ayuda a los que menos lo requieren y, por otro lado, alienta la tendencia a enviar a los hijos a escuelas particulares”.

En defensa de la propuesta, Jesús López Martínez, dirigente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares en el Distrito Federal, CNEP, sostuvo que la decisión presidencial no es electorera; y que en tanto la matrícula escolar de las escuelas particulares no ha decrecido en los últimos tres años, se espera que se incremente con el decreto que permitirá la deducibilidad de pago de las colegiaturas.

En el punto extremo se colocó el ex subsecretario de Educación Básica y Normal, Olac Fuentes Molinar, quien pidió dar marcha atrás al decreto. Lo calificó de una medida con “efectos dañinos” para la educación pública, en razón de que operará como una forma de “presión” para los recursos que se canalizan al sistema del Estado. La determinación es de una “gravedad tal” –continúo su crítica-, que se requiere someterla a debate público, además de que urge la intervención del Poder Legislativo.

Al tiempo, pasadas las primeras tempestades, la deducción del pago de las colegiaturas seguirá siendo tema de conversación de las familias mexicanas y de análisis de los especialistas educativos. Las razones son varias. Primero, porque no sería extraño observar un incremento paulatino de la demanda del servicio educativo particular en los próximos años; segundo, porque el aumento de esa demanda seguramente traerá consigo que las colegiaturas empiecen a subir, sin que se correspondan con un mejor servicio; y, tercero, porque el incremento de las ganancias para unos producirá que otros inversionistas incursionen en el negocio y entonces se incremente la oferta educativa y baje la calidad. Y a la larga disminuya la presión sobre la cobertura de la educación oficial y prácticamente ésta continúe abandonada. Al final, se esperaría que el incremento de esa oferta crezca hasta el punto en que ya no sea de gran atractivo una mayor inversión y, paradójicamente, el precio final que se llegue a pagar en las escuelas particulares sea el que actualmente se paga con un poco más, por aquello de que el gobierno federal estará subsidiando el incremento en la educación particular.

En añadidura, y con la posibilidad de transferir el pago del ISR, ¿en los próximos años se podría tener la esperanza de que esta medida subsidiaria permita que las escuelas particulares de mayor tradición sean más accesibles al bolsillo de los padres de familia, producto de la explosión de la modalidad del servicio a nivel nacional? Pareciera que no, pues al no estar reguladas las colegiaturas, la simple lógica conduce a pensar que al tiempo, paulatinamente, las escuelas particulares más demandadas van a ser las primeras que tendrán la oportunidad de aumentar sus precios y, con ello, medir la capacidad de respuesta de las familias mexicanas.

loalar00@hotmail.com