(PRIMERA
PARTE)
Gilberto Nieto Aguilar
Desde que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal
de la Secretaría de Educación Pública el 29 de enero de 1946, durante el
mandato del General Manuel Ávila Camacho, este documento fue la norma aplicable
al sector educativo federal, hasta que en 2013 se comienzan a diseñar nuevas
leyes con un entramado jurídico que cambia las formas de la relación
jerárquica, el ingreso y la promoción en el Sistema Educativo Nacional.
En
diciembre de 1935, las organizaciones sindicales adquieren cierta unidad y
logran constituir la Alianza de Organizaciones de Trabajadores del Estado,
antecedente de la F.S.T.S.E. (Federación de Sindicatos de Trabajadores al
servicio del Estado). Esta agrupación sindical luchó porque se creara el
Estatuto Jurídico con el General Cárdenas, que finalmente se aprobó el 5 de
diciembre de 1938. Fue hasta 1960 en que se adiciona al artículo 123
constitucional el apartado “B”, y la creación de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, publicada el 28 de diciembre de 1963.
Esta
Ley Federal vino a complementar al Reglamento citado en el primer párrafo y
fueron, entre otras de menor jerarquía, las normas que guiaron la vida de la
SEP en su relación interna como Institución, con los maestros, el SNTE y la
sociedad, independiente de los usos y costumbres que se fueron formando con los
años. Fue Luis Echeverría quien mejoró notablemente el salario de los
educadores, impulsó las telesecundarias recién creadas y las secundarias
técnicas, y el SNTE cohesionó sus fuerzas en torno a un movimiento nacional
llamado “Vanguardia Revolucionaria”, desde el cual exigió ampliar los espacios
que las normas jurídicas comentadas le concedían.
Durante
los sexenios de 1970 a 1988, mientras los salarios de los maestros volvían a
caer y la situación económica de México entraba en crisis, llega al poder
Carlos Salinas de Gortari. En su afán de legitimar su mandato, retoma los
tímidos esbozos neoliberales de Miguel de la Madrid e inicia una serie de
reformas bajo los principios de fomentar el libre comercio a partir de una
desregulación de los mercados, privatizar porque la idea rectora es que la
administración privada es más eficiente y adecuada que la administración
pública, y “adelgazar” la intervención del Estado en la economía y la
prestación de servicios.
Por eso Salinas comenzó a vender las empresas que habían sido
manejadas por el Estado, pretende acabar con el corporativismo (y con el
sindicalismo, que además le estorba en sus planes de reforma) y quiere darle un
giro modernizador a las instituciones de gobierno. En el terreno educativo,
modifica el artículo tercero constitucional, deroga la Ley Federal de
Educación, inicia un plan piloto para la modernización educativa (la prueba operativa)
y desintegra al grupo sindical “Vanguardia Revolucionaria”.
Propone
un modelo pedagógico como sustento de la propuesta de planes y programas, para
ir más allá de lo meramente pedagógico y ocuparse de un cambio estructural en
la concepción, organización y operación de la tarea educativa, rebasando el
ámbito del aula y formulando nuevas relaciones educativas con la sociedad (esto
mismo, 23 años más tarde, busca la Reforma actual). Tal vez lo mejor de Salinas
se quedó en el discurso; pero se presentó una nueva Ley General de Educación,
se concedió libertad por excepción a la iniciativa privada en educación básica,
se decretó obligatoria la educación secundaria, y se formuló la propuesta de
nuevos planes y programas de estudio para 1993.
La
reforma anterior, junto con el Plan de Once Años, fueron las únicas reformas
desde que se creó la SEP que sobrevivieron tres sexenios, pues se acostumbró
que cada gobernante traía su selecto grupo de “iluminados” en materia educativa. Las reformas fueron lanzadas sin
tomar en cuenta la opinión de los maestros, ni ser causa de presión para que se
aplicaran las propuestas en el aula, como el lugar más importante a donde
debían llegar. Ni se alentó el espíritu crítico en los docentes para tomar lo
mejor de cada reforma y agregar lo propio para estimular la innovación pedagógica.
Sin
control constitucional en materia de reformas educativas, ni seguimiento y
evaluación sobre los resultados educacionales y los efectos sociales, las
reformas pasaron sin pena ni gloria. Además, en más de medio siglo sólo fueron
curriculares, es decir, cambios en planes y programas de estudio, básicamente
en contenidos temáticos y sugerencias didácticas. Los demás aspectos de la
educación quedan en la nada y sólo se tocan en el discurso.
La
reforma 1993 para educación secundaria propuso contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, amén de varias estrategias didácticas,
modificando el mapa curricular que afectó seriamente a las escuelas secundarias
técnicas. Algunos años después, Fox presentó una propuesta en preescolar (2004)
y una reforma integral a la secundaria (RIES) en cuyo Documento Base, elaborado
en 2002, se explicaban generosamente los fundamentos, se modificaba el mapa
curricular y se establecía el perfil de egreso. Las escuelas secundarias
técnicas, pese a su tradición, no recuperaron las horas de taller frente a
grupo.
Bajo
el lema de “La escuela secundaria que
necesita México”, la reforma foxista propuso cinco aspectos medulares: Oportunidades educativas, Perfil docente, Gestión y Organización Escolar, Perspectiva de los jóvenes sobre la educación que reciben, e
Innovación
Educativa (experiencias exitosas). Pero de 2002 al 2006, todo el proceso de
consulta se politizó y nuevamente quedó en una simple reforma al plan y
programas de estudio.
Hasta
el momento, las reformas educativas sólo recayeron en el cambio curricular,
entendido como el Plan y Programas de estudio que norman y conducen,
directamente, a un proceso concreto y determinado de enseñanza–aprendizaje que
se desarrolla en todas las escuelas del país a las cuales va destinado. Pero
una reforma educativa debe considerar muchos otros aspectos de control,
seguimiento y evaluación internos, así como ligarla al desarrollo económico,
cultural y social del país.
Todas
las reformas fueron rechazadas en un principio; después cayeron en la
indiferencia. Las fuertes resistencias casi siempre iban en el sentido de que
eran copias de reformas extranjeras que no se adaptaban al país, o de que les
faltaba sustento pues el libro de texto cada día era menos transmisor de
conceptos y datos pero más exigente en estrategias didácticas. Los maestros sufrieron
porque no había una actualización eficaz, pero por otro lado tampoco hubo una
exigencia firme para su cumplimiento.
Como dice la ex Subsecretaria federal de Educación
Básica, Alba Martínez Olivé, durante casi 70 años se pensó en escanciar el vino
nuevo de la pedagogía en odres viejos, rancios, que sólo enturbiaban el vino
fresco con los vicios y costumbres en boga, en cada época en que aparecía una
propuesta de reforma. En 2013 se pensó en escanciar el vino nuevo en odres
nuevos, y se comenzaron a construir las condiciones y preparar el
escenario.
No hubo nada nuevo en la propuesta. Fox la trató de
aplicar con la RIES (Reforma integral de educación secundaria) y Calderón con
la ACE (Acuerdo por la calidad de la educación), ambos presionados por la OCDE
(Organización para la cooperación y el desarrollo económico), el Banco Mundial
y otras instancias del mismo orden, que bajo los principios del neoliberalismo
y la meritocracia, la consideran la mejor opción para nuestro desarrollo.
No es fácil reconocer esto, especialmente para
quienes, como un servidor, han pasado en el servicio docente un poco más de
cuatro décadas. Pero no podemos negar, ni mucho menos evitar, el avance del
país. Los cambios son una necesidad. Por eso no podemos ser el dique de contención,
repetidamente et ad nauseam, de los
intentos, tal vez torpes e incompletos, de una facultad que la ley concede a
las autoridades para efectuar los cambios que el país requiere.
Una revolución educativa que coadyuve a la
transformación de México demanda ir aparejada con otros cambios. La educación
por sí sola no podría modificar las mentes y la cultura de un país que ha sido
receptivo a tantos vicios. Los gobernantes, como actuantes e impulsores desde
el poder, tendrían que poner sus sentidos en la armónica mejoría de la
población en su conjunto.
gilnieto2012@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario