Virginia Amelia Cruz Mirón
El
pasado 28 de enero, fue presentada por el Secretario de Educación Esteban
Moctezuma a las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, la iniciativa que
deroga la Reforma Educativa de AMLO (Gaceta Parlamentaria, 13 de diciembre de
2018, Año XXII, Número 5177-II). En su disertación, Moctezuma afirmó que es un
proyecto resultado de la consulta nacional para el Acuerdo Nacional Educativo y
de los foros abiertos donde participaron organizaciones civiles, sindicales, grupos
académicos, supervisores escolares, docentes y padres de familia. La iniciativa
vuelve a poner en el centro del debate nacional el carácter de la educación que
imparte el Estado, “a los principios tradicionales se le agrega la
universalidad, la integralidad, la equidad y la excelencia”, que
orientarán a la “Escuela Nueva Mexicana”,
una escuela abierta, donde el docente será “el agente del cambio en México y responsable
del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador,
investigador y agente directo del proceso educativo”.
Para lograr lo anterior, una de las
acciones es abrogar las leyes del Servicio Profesional Docente y la del INEE,
para crear el Instituto Nacional para la Revaloración del Magisterio y la
Mejora Continua de la Educación, “un organismo con competencias amplias para
determinar los estándares e indicadores de desempeño, la emisión de
lineamientos para la formación docente y la capacitación magisterial, así como
la medición de los resultados de la evaluación magisterial”, además, señaló
Moctezuma, el Estado dará “atención
prioritaria a las Normales y a la UPN, para actualizar los métodos de enseñanza
y aprendizaje”. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2019, hubo un recorte a la Dirección General de Formación Continua,
Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica, que pasó
de 429.5 mdp en 2018 a 187 mdp., por lo cual quedan dudas de cómo se llevará a
cabo este objetivo.
El titular de la SEP ha insistido en que la evaluación ya no tendrá
un carácter “punitivo”, una exigencia del magisterio que al parecer fue
escuchada, pero no hay ninguna mención
para mejorar las condiciones laborales
de los docentes, ni tampoco queda claro si los resultados de la evaluación
seguirán teniendo relación directa con los estímulos económicos. Según la OCDE,
Panorama de la Educación 2015, en México las diferencias de los sueldos de
los docentes están basadas en los años de experiencia y las calificaciones, esto
aplica a quienes se han incorporado al Programa Nacional de Carrera Magisterial
(PNCM), pero los docentes que participan en él desde la primera etapa hasta la
XXI (367 587 personas) representan apenas 36.5% del total de maestros de
escuelas públicas de educación básica registrados al inicio del ciclo 2012-2013
y de cada 100 docentes frente a grupo en el PNCM, aproximadamente la mitad
(54%) tenían el nivel inicial A, y sólo 4% se ubicaban en el nivel máximo E. (INEE,
Informe 2015, p.64) Un dato que refleja que las desigualdades laborales
prevalecen a pesar de su intención de equilibrar los salarios.
Las autoridades no deben olvidar que la
docencia se ejerce en condiciones de desigualdad, las diferencias salariales no sólo son por
nivel y tipo de servicio educativo; la diversidad geográfica, por ejemplo,
marca una diferencia notable en el gasto de los profesores que emplean casi la
mitad de su salario para desplazarse a sus centros de trabajo en lugares
rurales y de difícil acceso, de aquellos que trabajan en las ciudades o cerca
de sus lugares de residencia. Los gastos en materiales didácticos y libros
complementarios corren también por su cuenta. Los cursos de capacitación,
actualización y profesionalización para los profesores implican una inversión
no considerada por la autoridad, son cursos diseñados además bajo criterios
homogéneos y en planes curriculares poco flexibles. No se toman en cuenta las
necesidades o problemáticas regionales, ni los intereses de los docentes por
mejorar en áreas de conocimiento específicas o en cuestiones relacionadas con
los conocimientos pedagógicos.
La situación laboral de los profesores
tiene relación directa con el desempeño y la profesionalización, pero también
con la deserción de la carrera por otros empleos que ofrecen mejores salarios;
a nivel mundial el 70% del profesorado vive por debajo del umbral de la pobreza
y complementan sus salarios con otros trabajos o en turnos dobles (Imbernón,
2017). Mejorar las condiciones salariales y convertir a la docencia en una
profesión atractiva es parte de un reto que requiere no solo voluntad política
sino medios efectivos para realizarla.
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