ESCUELAS CORRUPTAS, UNIVERSIDADES CORRUPTAS: ¿QUÉ HACER?

Dr. Fernando Sánchez Fernández.

Aunque históricamente la educación representa un valor imprescindible en la formación de capital humano y en la transmisión de la cultura, es necesario propiciar una discusión pública en torno a las expresiones de corrupción que existen dentro de los sistemas e instituciones educativas y en el entorno de éstas.

En el año 2001, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEP), puso en marcha el proyecto internacional “Ética y corrupción en la educación”. En este ejercicio se perseguían dos objetivos: 1) generar metodologías para detectar, medir y, en lo posible, reducir la corrupción en la educación y con ello fomentar su gobernanza; 2) señalar que la corrupción no es privativa de los países en vías de desarrollo, sino que también se da en las potencias económicas. Es así como aparece el libro Escuelas corruptas, Universidades corruptas: ¿qué hacer? (UNESCO, 2010), escrito por Jacques Hallak y Muriel Poison.

            El libro está estructurado en nueve capítulos y tras su lectura es posible extraer cuatro líneas de análisis: 1) la descripción de los factores internos y externos que posibilitan la corrupción en la educación, como la opacidad de procedimientos administrativos, la falta de voluntad política, el declive en los valores éticos, el monopolio y poder discrecional, los bajos salarios, y la poca información pública; 2) la creación de un marco conceptual de la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas en la educación como mecanismos de observación, regulación y control; 3) el conocimiento de estudios comparativos y experiencias exitosas de políticas que han logrado reducir la corrupción en la educación; y 4) la exhibición de enfoques y metodologías tales como las técnicas de seguimiento, el diagnóstico participativo, la identificación de “señales de alarma”, la valoración participativa, las auditorías y encuestas de seguimiento del gasto público en educación, que según los especialistas, permiten valorar el estado que guardan las instituciones escolares en todos los niveles.

Hallak y Poison (2010) definen la corrupción en la educación como “el uso sistemático del cargo público en beneficio privado, con un impacto notorio en la disponibilidad y la calidad de los bienes y servicios educativos y, por consiguiente, en el acceso a la educación y en su calidad y equidad”, de tal forma que, al ser la educación un espacio en el que convergen actores, proyectos e intereses, es factible la inadecuada utilización de los recursos financieros, materiales y humanos, en casos –señalan los autores- como el financiamiento; en la licitación para la construcción, mantenimiento y reparación de edificios escolares, o en la distribución de equipos, mobiliario y materiales, en la publicación de libros de texto; en el nombramiento, gestión, pago y capacitación del profesorado; y en el soborno. Esto provoca, entre otras cosas, que haya menos recursos económicos, limita el acceso de la población a la educación, deteriora la calidad y genera desigualdades.

En diferentes sectores se ha vuelto un lugar común señalar que la corrupción “facilita” la solución de los problemas, aunque su práctica afecta a corto y largo plazo a los ciudadanos. En el caso de las universidades, se genera el desprestigio de la institución, lo que lleva a que determinadas empresas eviten dar empleo a sus egresados; sucede lo mismo con el despilfarro para la autopromoción de los funcionarios o la asignación de becas de manera discrecional; otro ejemplo lo encontramos en el otorgamiento de títulos que se brindan a cambio de los beneficios económicos de las colegiaturas; no olvidemos, de igual forma, el control y poder que los sindicatos ejercen en las tomas de decisiones e igualmente los beneficios económicos, y así sucesivamente, crece la red de complicidades e ilegalidades.

Por último, es importante remarcar lo dicho por los escritores del libro: cada país tiene una forma distinta de ejercer la corrupción, además, los cambios requieren de la participación general. Habrá pues que educar contra la corrupción, que  “no es enseñar a las personas [a] que sean buenas, sino enseñarles la forma de respetar determinadas normas de conducta” (Palicarsky, 2006).