El Foro Educativo

Gilberto Nieto Aguilar

El pasado martes 11 del actual, en la USBI de Boca del Río, en la Calzada Juan Pablo II, la Universidad Veracruzana fue la anfitriona para la realización del Foro de consulta estatal participativa en el estado de Veracruz “Educación para el bienestar. Acuerdo Nacional sobre la Educación” que llamó poderosamente la atención de diversos sectores sociales y grupos magisteriales.

Es loable el interés manifestado por el Presidente Constitucional Electo, Andrés Manuel López Obrador, de trabajar en serio por la problemática que en los últimos años ha vivido el magisterio respecto a las relaciones jurídico-laborales que le otorgan la seguridad y tranquilidad en su trabajo que, por lo demás, conoce y reconoce necesarias para la gran importancia que tal labor reviste en el desarrollo y proyección del país.

En su momento (2013) no se concedió la mínima oportunidad de ejecutar una acción de inconstitucionalidad y, a pesar de no declararla una ley especial, la verdad es que la Ley General del Servicio Profesional Docente sacó el magisterio nacional de la Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Todo indica que la tendencia ya está definida y es la de suprimir aquello que se considere punitivo y atentatorio de los preceptos de plaza base e inamovilidad de la misma. También tendrán que definirse los preceptos que generan una “educación de calidad” y los indicadores específicos sobre cómo evaluar el desempeño docente que no sea a través de un examen de escritorio, porque se está evaluando el proceso sobre lo que sucede en el aula.

Siguiendo el protocolo que estableció el Equipo de Transición para el foro de consulta, envié mi propuesta registrada bajo el Folio 8635-B, sobre el marco jurídico de la Educación básica, proponiendo la creación de una ley reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional que tutele y reglamente la obligatoriedad de la educación, es decir, que desarrolle, precise y sancione las formas y medios con el fin de enlazar los conceptos y construir la plataforma legal, filosófica, social y económica que haga posible el cumplimiento de la educación de todos los menores.

Una ley que vele por el cumplimiento de la obligatoriedad, que se asegure que los actores la están acatando, y que reúna las condiciones para hacer esto posible. Hasta el momento la educación obligatoria es únicamente un precepto enunciativo.

No se han establecido con claridad los procedimientos para hacer valer la asistencia de los menores a la escuela en las mejores condiciones posibles por quienes ejercen la patria potestad, los compromisos de las autoridades e instituciones que ofrecen dicha educación, los mecanismos de vigilancia y control, los deberes del Estado en cada supuesto jurídico, las sanciones y recursos de apelación.

Es en todo el entramado jurídico existente una parte dispersa, colocada en varios textos con diversos fines, que la hacen difícil de delimitar. Esta ley objetiva ventilarían aspectos que agobian al magisterio nacional y al delicado trabajo que realizan en el aula, que minan el desempeño docente, que le atribuye una excesiva carga burocrática y administrativa impuesta por una autoridad educativa que muchas veces contempla al quehacer educativo como un acto mecánico e intrascendente.

Una ley clara y precisa que desvanezca la incomprensión de muchos padres de familia que descuidan su responsabilidad dejándosela a la escuela. Padres que muchas veces exigen a la escuela lo que ellos no son capaces de dar en el desarrollo educativo de sus hijos o pupilos. Los medios de comunicación serían cautos en publicar notas irresponsables y de desprestigio al magisterio, al tomar nota de que su obligación es buscar un equilibrio dentro de los sucesos escolares, pues también tienen participación, dentro de su trabajo, para contribuir con la educación.

El Estado tomaría su papel rector, contrayendo obligaciones derivadas de sus funciones; extendería a la sociedad obligaciones para garantizar el derecho a la educación de todo mexicano de la calle, del barrio y de la comunidad. Derechos humanos estaría igualmente propenso a cambiar el enfoque para tratar cualquier problema escolar y, en general, el maestro recibiría el apoyo social de todas las instancias para realizar el trabajo formativo y de calidad que se le exige en todo momento, porque las condiciones estarían dadas.

Las asociaciones de padres de familia y los Consejos Escolares de Participación Social delimitarían con mayor precisión sus funciones y se abriría la posibilidad de una Contraloría de padres de familia para la fiscalización de las cuotas que verdaderamente se requieran, se justifiquen, adecuadas a las condiciones socioeconómicas de la comunidad educativa en cuestión, cuyo manejo sea transparente bajo la obligada rendición de cuentas.

Los docentes cada vez más están sin la posibilidad de acciones pedagógicas formativas en un ambiente cambiante y diverso, incierto, en vías de desarrollo pero sujeto a usos y costumbres y bajo la amenaza de interpretaciones que sesgan o

tergiversan la esencia de las garantías inalienables de los niños. Están en estado de indefensión ante un derecho a la educación que tiene actores sin obligaciones que complementen ese derecho. Esto y más sería el rico contenido de esta ley reglamentaria, y no únicamente regular y sancionar la obligación de que los menores sean enviados a la escuela.

gilnieto2012@gmail.com

Versión especial para Tlanestli