N-P-065/Abr.2019/…
Columna 33
Por Carlos Lucio Acosta
VERACRUZ (EUM).-Las
amenazas a periodistas críticos al servicio de los diferentes medios de
comunicación social impresos, radiales, televisivos y de internet, cada vez son
mucho más frecuentes y sobre todo directos.
Organismos
extranjeros y nacionales de atención y protección a comunicadores, disponen de
amplias investigaciones y documentados estudios relativos a identificar a los
autores intelectuales y operativos de agresiones verbales, escritas o físicas.
En los trabajos
divulgados por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Similares y
Actividades Conexas de la República Mexicana (SNR), de la Fundación Manuel
Buendía Tellezgirón y del Centro Nacional de Comunicación Social (CEN-COS),
figuran ocho puntos rojos.
Entre los
presuntos enemigos directos o indirectos de la libertad de expresión, destacan
los tres niveles de la administración pública: los gobiernos federal, estatales
y municipales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas,
cárteles del narcotráfico y delincuencia organizada.
La inclusión de
las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Marina Armada (SEMAR),
de la Policía Federal (PF), de las direcciones o secretarías de Seguridad
Pública en las entidades federativas y de las policías municipales, despierta
cierta desconfianza.
Las presunciones
documentadas en informes mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y
anuales, tienen sustento. Leamos algunos de los casos más emblemáticos a la
mano.
Uno, “Vamos
a sacudir el árbol y se van a caer
muchas manzanas podridas…--anunció el exgobernador Javier Duarte de Ochoa,
durante convivio con periodistas en la ciudad de Poza Rica con motivo de la
celebración del Día de la Libertad de Prensa--. Solamente se van a ver
afectados quienes de alguna u otra manera tienen una vinculación con estos
grupos criminales”, amenazó el 30 de junio del 2015.
Dos, casi cuatro
años después el periodista Jorge Ramos Ávalos, colaborador del diario mexicano
Reforma y conductor de noticias de la cadena televisiva estadounidense
Univisión, incomodó al presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntar
sobre el aumento de asesinatos en el país, el cual, de acuerdo a datos
oficiales asciende a ocho mil 524 en los meses de enero, febrero, marzo y abril
del 2019 (El Universal), 13.abril.2019).
Tres, en una de
sus habituales conferencias de prensa mañaneras, el jefe del ejecutivo federal
subió el telón con reconocimiento a los periodistas “prudentes” y luego remató
con una advertencia de cuidado: “Si ustedes se pasan, pues ya saben,
¿no?...pero no soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos que ya
no son imaginarios; hay mucha inteligencia en nuestro pueblo…”.
Cuatro, la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló cuatro cuentas bancarias a la empresa Piña Digital, S. de R.L.,
productora del documental “Populismo en América Latina” utilizado en contra de
López Obrador durante su campaña en busca de la presidencia de la República.
Inteligencia
Financiera presume que el trabajo se realizó con recursos de procedencia
ilícita. Sin embargo, la investigación preliminar señala que el Consejo
Mexicano de Negocios (CMN), pagó 96 millones de pesos a la consultoría Conaxis,
la cual dio 18 millones de pesos a la empresa Piña Digital por elaborar el
documental.
Conaxis—de
acuerdo a datos estadísticos—entregó 34 millones de pesos a la intermediaria
Martha Mejía Montes, quien dio ocho millones de pesos al exdirectivo de la
empresa Televisa, Alejandro Quintero (Reforma, 20.abril.2019).
Cinco, la
profesora normalista de educación primaria Gloria Sánchez Hernández, secretaria
de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el senado de la república, acusó que
“…los medios de comunicación están magnificando el drama en el caso de la
masacre de Minatitlán, Veracruz, en la que perdieron la vida 14 personas, el
cual favorece el golpeteo hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (El
Universal, 22.abril.2019).
Seis, el
entonces candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la
presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que “habrá
plena libertad de expresión, nunca más, con argucias o pretextos, desde el
poder, se cancelarán programas como el de José Gutierrez Vivó y el de Carmen
Aristegui Flores…Nadie será censurado o perseguido por su manera de pensar,
haremos valer el derecho a disentir: en otras palabras, marcaremos la
diferencia, en los hechos, entre autoritarismo y democracia” (www.proceso.com.mx, 10.noviembre.2016).
La preocupación
parte de dos datos de peso completo.
El gobierno de
Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), registró 17 asesinatos y tres
desapariciones de periodistas en activo, en base a informes de la Comisión
Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y en la administración
de Andrés Manuel López Obrador (de diciembre del 2018 a los meses de enero,
febrero, marzo y abril del 2019), suma el asesinato de seis periodistas en
pleno ejercicio de su profesión, de acuerdo a datos aportados por la
subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la secretaría de
Gobernación (SEGOB).
La duda se
calienta cuando se echa mano de las coincidencias en los informes relativos a
que el mayor número de agresiones contra comunicadores en el país, proviene de
servidores públicos y el 99.13 por ciento de los delitos quedan impunes.
¿Advertencia de
López Obrador? ¿ajuste de cuentas? ¿cambio en la política de comunicación
social de la presidencia de la república? ¿terminó el perdón y el olvido?
¿agoniza la reconciliación nacional? ¿principia la mano dura? ¿vientos de
cambio al ejercicio de la libertad de expresión?
Esto no se
produce en denuncia anticipada, sino que el hablar en público y cadena
nacional, puede despertar reacciones violentas en la población simpatizante con
las ideas manejadas por el jefe del ejecutivo federal.
He allí, el meollo
del asunto.
Sólo para tus
ojos . . .
¿Qué ruta
tomarán las diferencias de la ingeniera petroquímica Norma Rocío Nahle García,
secretaria de Energía con el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza,
director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX)?
carlos.lucioacosta@rocketmail.com
