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Asociaciones de Periodistas
Por Carlos Lucio Acosta
VERACRUZ (México-EUM).- Las
asociaciones de periodistas al servicio de trabajadores de medios de
comunicación social impresos, radiales, televisivos y de internet, no han
dejado buen sabor de boca en cuanto a manifestaciones abiertas de solidaridad.
En el Estado de Veracruz
existen hasta el día de hoy más de 32 organizaciones regionales que presumen la
defensa de los derechos, intereses, libertades y riesgos laborales de un poco
más de ocho mil 300 trabajadores de la noticia.
El Sindicato Nacional de
Redactores de la Prensa y Trabajadores de Actividades Similares y Conexas de la
República Mexicana (SNRP), es una de las instituciones más viejas que llegó a
tener una delegación estatal y siete secciones en igual número de ciudades.
El caso más emblemático en
materia de falta de compañerismo se dio durante el gobierno de Rafael Murillo
Vidal (1968-1974), en el cual el mandatario ordenó la detención y luego
encarcela al periodista Juan Zanoni de la Garza, director general de la revista
semanal ¡Basta!, acusado de asesinar a homosexual en el puerto de Veracruz.
La realidad era de otro
color.
El periodista criticó la
falta de liderazgo y de carácter del gobernador, por dejar la dirección
política y económica del Estado en manos del senador Rafael Arriola Molina.
En una de las portadas del
influyente semanario independiente, publica caricatura en la que aparece el
gobernador llevado de la mano de Arriola Molina.
La indiferencia con que los
medios de comunicación de la época trataron el tema, obligó la creación de la
Asociación de Editores y Periodistas del Estado de Veracruz (AEPEV), encabezada
por Ricardo Hernández Rojas, director general de El Perico, semanario jocoserio
netamente independiente, y secundado por David Ovando Spíndola, director del
semanario La Cotorra.
La presión ejercida por
integrantes de la comunidad de publicaciones semanales, decenales,
catorcenales, mensuales, bimestrales y trimestrales, influyó a que en menos de
doce meses el periodista crítico quedase en completa libertad.
La muerte del periodista José
Miranda Virgen, autor de la columna Espejo del Poder, publicada en los diarios
Sur, de Boca del Río y en el Diario del Istmo, de Coatzacoalcos, forma parte de
la falta de solidaridad en situaciones críticas.
En el gobierno del empresario
Miguel Alemán Velazco (1998-2004), denuncia en las últimas de sus leídas
columnas la presencia de Jesús Albino “Don Beto” Quintero Meraz, operador del
Cártel de Juárez, en residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento Costa
de Oro, municipio de Boca del Río, a escasos metros de la casa del
representante del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
El conocido narcotraficante
contaba con la protección absoluta de tres altos funcionarios del gobierno
local, uno de los cuales, tenía entre sus más cercanos colaboradores a experto
policía en el manejo de explosivos.
La Asociación de Periodistas
del Estado de Veracruz, A.C. (APEV), de la cual formaba parte sustantiva del
directorio colectivo, se concretó en reconocer que “…no murió por accidente,
sino que fue víctima de un atentado”.
Miranda Virgen falleció cinco
días después de explotar el boiler de su casa, causándole quemaduras en el 98
por ciento de su cuerpo.
La APEV, organización no
lucrativa para impulsar la consolidación del oficio y profesión periodísticos,
desapareció en el más misterioso de los silencios, a pesar de que en el cuadro
ejecutivo de la misma figuraban propietarios y directores de publicaciones de
perioricidad diaria.
El gobierno populoide de
Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), crea en el 2006 la Comisión Estatal para la
Defensa de los Periodistas de Veracruz (CEDP), bajo la dirección de Gerardo
Perdomo Cueto y luego de tres años de altos vuelos de ineficiencia, desaparece
en el 2009.
El propósito de la comisión
no era complicado: evitar que la mínima agresión física o psicológica contra
editores, periodistas y comunicadores, no tuvieran eco en medios de
comunicación ni llegaran a las agencias del ministerio público, para contener
el crecimiento de estadísticas sobre los niveles de inseguridad en el Estado.
El doble fondo del tema tenía
otra intención mucho más ambiciosa: cuidar su imagen al precio que las
circunstancias determinaran por aquello de las inquietudes de formar parte en
la lista de aspirantes rumbo a la presidencia de la república.
El virtuoso director de la
CEDP, todo lo resolvía con majestuosos “fogonazos” en efectivo, entregados con
puntualidad inglesa y precisión suiza a los agredidos en aras de la libertad de
expresión y de los derechos humanos.
En este periodo, el de
Nopaltepec, también crea el lustroso Colegio de Periodistas de Veracruz,
presidido por el periodista, escritor, editor y empresario, José Pablo Robles
Martínez, propietario de los diarios Imagen de Veracruz, Diario del Istmo,
revista Llave y de la agencia de
noticias Imagen del Golfo, entre otras variadas empresas.
El objetivo solo tenía seis
líneas de acción mediata: apoyar a periodistas para obtener certificados de
instrucción primaria, secundaria y preparatoria, regularizar materias, asesorar
tesis, gestionar título, tramitar cédula profesional y ofrecer diplomados sin
valor curricular.
La ola creciente de
agresiones físicas, sicológicas, económicas
y laborales a periodistas críticos, obliga al gobierno sanguinario de
Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), a sacar de la manga la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y por primera vez incluye
en el congreso local la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas (CAPP).
El gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares (2016-2018), rescata la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas (CEAPP), al proponer en la presidencia del
organismo a la comunicadora Ana Laura Pérez Mendoza, autora de la columna
Agenda . . ., publicada en las páginas del diario Notiver, de Veracruz.
El mandatario pone a
consideración de la sexágesima cuarta legislatura el nombre de la diputada
María Josefina Gamboa Toral, para asumir la presidencia de la nueva Comisión
Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad a la Sociedad
Veracruzana por la Problemática de Personas Desaparecidas, Ataques y Homicidios
a Periodistas.
Gamboa Toral escribe la
columna Al Aire . . ., publicada en el matutino Notiver, editado en la ciudad y
puerto de Veracruz.
Los resultados de éstos
instrumentos más políticos y económicos que de corte jurídico, se reducen en
cuatro palabras: impunidad, simulación, ineficiencia y burocracia de alto rango
administrativo.
La función real de éste tipo
de comisiones hasta el momento, consiste en medio proteger la imagen del
gobernador en turno, medio atender a periodistas en riesgo por su ejercicio
profesional, asignarse salarios elevados, inventar gastos de representación y
simular apoyos económicos a comunicadores.
Ojalá y esa nube negra de
complicidad, desaparezca. Ya es hora de poner las cosas en sus respectivos
lugares. Ya es hora . . .
Sólo para tus ojos . . .
¿Cuántos asesinatos de
periodistas han esclarecido de 1998 al 2017? ¡¿18 años de investigación . . .?!
carlos.lucioacosta@rocketmail.com
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